Denuncian ante la UNESCO la "degradación acelerada" de la Serra de la Tramuntana

El GOB Mallorca y la Associació de Defensa dels Paisatges d'Estellencs han presentado sendas denuncias ante Icomos España, organismo asesor de la UNESCO, para advertir de que la Serra de Tramuntana atraviesa una situación crítica de degradación, que atribuyen a las políticas "desreguladoras" impulsadas por el Govern. Ambas entidades sostienen que las reformas normativas aprobadas en los últimos meses por el Ejecutivo de Marga Prohens han convertido la Serra en "un territorio desprotegido ante la presión especulativa y turística", poniendo en riesgo los valores universales que justificaron su declaración como Patrimonio Mundial en 2011. Según el GOB, el actual marco legal supone "el mayor retroceso en materia de protección territorial de los últimos 30 años", con un conjunto de leyes y decretos que afectan directamente a este espacio emblemático de Mallorca.

Entre las medidas denunciadas figura la legalización masiva de viviendas ilegales en suelo rústico protegido, derivada de la Ley 7/2024 de simplificación administrativa y la Ley 4/2025 de proyectos residenciales estratégicos, que "permiten" amnistiar miles de construcciones sin criterios paisajísticos y anulan la imprescriptibilidad de las infracciones urbanísticas vigente desde 1990. El GOB advierte de que esta amnistía "rompe el compromiso internacional asumido ante la UNESCO y abre una vía de impunidad para la destrucción del patrimonio".

También denuncian que el decreto-ley 4/2025, presentado por el Govern como una medida "contra la oferta ilegal", ha levantado la suspensión de nuevas plazas turísticas, creando 1.500 adicionales en Mallorca, incluidas 500 en edificios patrimoniales protegidos, lo que, según las asociaciones, fomenta la transformación del patrimonio histórico en alojamientos de lujo y multiplica la presión turística.

Asimismo, la modificación de la Norma 19 del Pla Territorial de Mallorca, incorporada a la Ley 4/2025, permite construir en zonas agrícolas y áreas de riesgo ambiental que hasta ahora estaban protegidas, "abriendo la puerta a nuevos crecimientos urbanísticos en plena Serra y desvirtuando su carácter rural y paisajístico".

Desmantelamiento institucional

El GOB denuncia, además, un "desmantelamiento institucional", con una reducción de recursos técnicos y de control en materia ambiental y patrimonial, y advierte de que la nueva Ley de la Serra de Tramuntana, actualmente en preparación, "no corrige estas deficiencias, sino que podría consolidarlas bajo el paraguas de la simplificación administrativa".

Las denuncias incluyen también otros impactos como la turistificación y expulsión de la población residente, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de actividad agraria, que "están vaciando la Serra de vida y transformando un paisaje productivo en un decorado turístico".

El GOB alerta asimismo sobre la escasez y sobreexplotación de los recursos hídricos, agravada por la proliferación de piscinas, jardines ornamentales y viviendas de lujo, que ya ha provocado restricciones en municipios como Estellencs, Deià y Banyalbufar.

A ello se suma el colapso de la movilidad en puntos emblemáticos como Valldemossa, Deià o Sa Calobra, donde la masificación turística genera "embotellamientos, contaminación y malestar social".

Por último, las organizaciones subrayan la falta de planificación urbanística actualizada en varios municipios y la insuficiente protección del patrimonio etnológico, ya que solo dos de los dieciocho municipios de la Serra disponen de planes especiales de protección.

Molinos, marjades y sistemas hidráulicos tradicionales, elementos clave en la declaración de la Serra como Patrimonio Mundial, "están en riesgo de desaparición por falta de mantenimiento y apoyo institucional", advierten las entidades.