Payeses explotan contra la nueva ley agraria: “Invita a los grandes capitales a hacer negocios urbanísticos, turísticos y energéticos en el campo de Mallorca”

Un grupo de payeses de Mallorca se rebela contra la nueva ley agraria de Baleares “por favorecer la especulación del campo”. Más de 25 agricultores presentan y registran una importante cantidad de alegaciones al anteproyecto legislativo impulsado por la conselleria de Agricultura, que entre sus novedades prevé que se puedan habilitar construcciones agrícolas en desuso para agroestancias de hasta diez personas, es decir, la nueva ley agraria podría permitir hasta diez plazas turísticas en cada explotación.

“Básicamente pedimos que se retire este anteproyecto de ley porque fomenta y favorece todos los usos especulativos del campo como son la construcción y la reconversión de edificaciones agrarias en hoteles, por no hablar de la eliminación de cualquier estudio de impacto ambiental”, denuncia Jaume Adrover, uno de los agricultores que firma el documento de alegaciones al que ha tenido acceso este periódico.

"Estorbamos"

“Después de haber trabajado varios días en el texto legislativo del Govern, nos da la sensación de que se nos envía el mensaje de que estorbamos y de que solo interesan las grandes fortunas que están comprando fincas y que, por ello, la ley las estaría haciendo más atractivas para que se vea que pueden tener más usos de los que actualmente presentan”, explica Adrover, quien agrega que “las placas solares, un uso industrial, se contará como interés agrario”. “Además, las edificaciones y los chalés (entre 2015 y 2023 se edificaron 2.943 en el campo según datos de Terraferida), que son lo que ha hundido fora vila, se fomentan, pues se podrán convertir vaquerías en desuso y otros espacios agrarios en hotelitos de diez plazas”, denuncia alarmado.

“Es una ley que fomenta todo aquello que está terminando con el campo. Por eso pensamos que es una ley antiagraria que no hace alusión a ninguna problemática real del sector”, sentencia.

Según el payés, a tenor de esta normativa redactada por el equipo del conseller Joan Simonet, “no surgirán más jóvenes que quieran dedicarse a la agricultura”: “Es una ley que extiende al campo los usos especulativos, que son los que mueven el dinero en Mallorca”.

La superficie agraria útil no deja de retroceder

En las alegaciones, se recuerda que la superficie agraria útil de la isla no deja de retroceder. En 1982 esta superficie era de 337.650 hectáreas y, según los últimos datos (2024), no supera las 205.000. “En Mallorca hemos perdido más de una tercera parte de los suelos agrarios en los últimos 35 años, por eso la soberanía alimentaria está en torno a un porcentaje del 15%”.

Asimismo, los agricultores firmantes señalan en su escrito que del texto propuesto por Agricultura se desprenden una serie de cuestiones como el “menosprecio” por la agricultura ecológica; la prevalencia de los usos complementarios en todo el suelo rústico, “lo que abrirá la puerta a más urbanización encubierta”, o una invitación a los capitales internacionales a hacer negocios urbanísticos, turísticos y energéticos.

"Sin evaluación ambiental efectiva"

Bajo una apariencia de fomento de la actividad agraria, señalan los autores de las enmiendas, “se introducen vías legales para aumentar la construcción y transformación del suelo rústico en un gran suburbio y se proponen trampas legales que queremos denunciar”. Por ejemplo, se refieren a que se permitirá ampliar construcciones bajo la cobertura de uso agrario sin evaluación ambiental efectiva. “No será necesaria la declaración de interés general para actividades como agroturismo o energías renovables, lo que servirá para legalizar nuevos negocios turísticos o energéticos en suelo rústico”. También se redefinen categorías de suelo “y admite nuevos usos no agrarios sobre suelos fértiles por la vía de reclasificaciones encubiertas que facilitarán la edificación o el cambio de uso sin revisión del planeamiento. Se salta en este sentido a la administración municipal”, señala el texto alegatorio.

Para estos payeses, la ley subordina la protección del territorio a la viabilidad económica de las explotaciones, “poniendo en riesgo el modelo de conservación territorial conseguido en la Ley de Espacios Naturales de 1991”.

Aspectos positivos

Entre los aspectos positivos de la futura normativa, valoran por ejemplo la creación de instrumentos como los contratos territoriales, que pueden favorecer la conservación activa; el impulso de la rehabilitación y reutilización de edificaciones agrarias existentes o la promoción de la circularidad y la gestión sostenible de los recursos agrarios.