ARCA reclama a seis municipios de Mallorca que inicien la catalogación de su patrimonio

ARCA ha presentado escritos formales a seis ayuntamientos de Mallorca —Algaida, Bunyola, Campos, Capdepera, Estellencs y Sant Llorenç des Cardassar— instándoles a iniciar de manera urgente la tramitación para catalogar su patrimonio cultural. Según la entidad conservacionista, estos son los únicos municipios de la isla que aún no han comenzado el procedimiento.

La campaña de ARCA busca que todos los municipios mallorquines cuenten con un Catálogo de Bienes de Interés Patrimonial, una herramienta que, según recuerdan, es obligatoria en virtud de la legislación urbanística y patrimonial vigente.

En el caso de estos seis municipios, ARCA señala que el patrimonio se encuentra “en mayor riesgo” debido a que no se ha producido ningún avance en la elaboración de los catálogos. Además, cada uno de ellos se rige por normativas urbanísticas “distintas y obsoletas”, algunas con varias décadas de antigüedad.

Algaida cuenta con normas subsidiarias de 2002; Bunyola aplica un plan general de 1978; Campos se rige por normativa de 1991; Capdepera tiene normas de 1986; Estellencs carece de planeamiento urbanístico, y Sant Llorenç mantiene unas normas de 1994.

ARCA subraya que tanto la Ley de Urbanismo de 2017 como la Ley de Patrimonio Histórico de 1998 y el Plan Territorial Insular de Mallorca de 2003 obligan a disponer de un catálogo municipal. La legislación establecía un plazo inicial de dos años para cumplir con esta obligación, que no se ha respetado.

Conflictos legales

La ausencia de catálogos, añade la entidad, provoca una “deficiente protección” del patrimonio local, genera conflictos legales en la concesión de licencias y dificulta tanto la labor de los ayuntamientos como la seguridad jurídica de propietarios y promotores.

La organización ha pedido la implicación de las tres administraciones competentes: al Govern balear le reclama una modificación legal que garantice el cumplimiento de esta obligación; al Consell de Mallorca, que impulse la elaboración de catálogos con apoyo técnico y formativo, y a los ayuntamientos, que inicien de oficio los trabajos necesarios para proteger su patrimonio.

ARCA advierte de que, sin estos instrumentos legales, las autoridades municipales carecen de herramientas adecuadas para actuar y se incrementa el riesgo de pérdida de bienes con valor cultural e histórico.