Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico

El Consell de Mallorca estrecha el cerco sobre las autocaravanas que, de forma cada vez más habitual, se implantan en fincas rústicas de Mallorca sin ningún tipo de permiso, una práctica que se interpreta como una consecuencia de la actual crisis habitacional. En el último consejo de dirección de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT), entidad dependiente de la institución insular que se encarga de velar por la disciplina urbanística en suelo rústico, se dictaron cuatro órdenes de desalojo de otras tantas autocaravanas que se habían asentado en la ‘foravila’ mallorquina, entre otras órdenes de demolición que afectan a construcciones permanentes.

En lo que se refiere a las autocaravanas, cada vez es más frecuente que se usen como vivienda habitual en fincas rústicas, principalmente en el Pla de la isla, aunque para ello los responsables necesitan una licencia. En estos cuatro casos citados, los propietarios están obligados a abandonar las parcelas que han ocupado.

En el citado consejo de dirección de la ADT también se emitieron otras seis órdenes de demolición que afectan a cuatro viviendas, una piscina y una nave agrícola levantados de forma ilegal en suelo rústico. Los diez expedientes, incluyendo también las referentes a las autocaravanas, suman sanciones que superan los 2,2 millones de euros, una de las cuales alcanza los 500.000 euros. Estas irregularidades detectadas por la agencia del Consell se ubican en nueve municipios diferentes: Manacor, Muro, Maria de la Salut, Capdepera, Búger, Pollença, Inca, Sencelles y Felanitx, aunque la ADT no está autorizada a informar sobre los casos concretos que afectan a cada uno de los municipios para no vulnerar la ley de protección de datos. Sí ha trascendido que seis infracciones se han desarrollado en suelo rústico protegido y las otras cuatro en suelo rústico común. La propia agencia ha hecho público que una de las órdenes de demolición dictadas afecta a una vivienda de más de 100 metros cuadrados que se estaba construyendo sin licencia en el interior de un parque natural que podría tratarse de s’Albufera.

Los propietarios de las construcciones irregulares que cuentan con una orden firme de demolición (en el caso de las autocaravanas se obliga al desalojo de la finca rústica) tienen ahora la opción de ejecutar los derribos de forma voluntaria si quieren beneficiarse de importantes reducciones en la cuantía de las sanciones. Si hubieran restituido la legalidad durante la tramitación del expediente, antes de que se dictasen las órdenes de demolición, podrían haberse ahorrado el 60% de la sanción impuesta. En estos diez casos, con órdenes de derribo firmes, los responsables tienen la opción de ahorrarse el 50% de las multas siempre que ejecuten la orden en los dos meses siguientes a la resolución de la ADT. “Si dejan pasar este tiempo sin derribar las ilegalidades, ya habrán perdido cualquier reducción”, explican fuentes de la agencia. Además, esta entidad empezará a emitir hasta doce multas coercitivas cuyo importe de cada una de ellas supone el 10% del coste de las obras ilegales, cantidades que se sumarán a la de la primera sanción. Si en este caso el infractor tampoco actúa, la ADT está autorizada para ejecutar la orden de demolición y después pasar los gastos de la actuación, una situación a la que nunca se ha llegado.

De hecho, las fuentes apuntan que en el 90 por ciento de los casos los infractores ejecutan las órdenes de forma voluntaria para acogerse a la reducción del importe de la sanción.

Asentamientos de caravanas en la carretera vieja de Sineu

La Agencia de Defensa del Territorio asegura que está “utilizando las herramientas que establece el ordenamiento jurídico” para que se ejecute la orden firme de demolición que afecta a dos asentamientos ilegales de casetas prefabricadas y autocaravanas ubicados en el municipio de Sencelles y que son visibles desde la carretera vieja entre Palma y Sineu.

En ambos casos, las fuentes de la agencia del Consell aseguran que las órdenes de derribo “son firmes” y además han sido “ratificadas por los tribunales” que fallaron a favor de las resoluciones del Consell después de los recursos de la propiedad. En ambos casos, se está en la fase de imposición de multas coercitivas, aunque “todavía no se ha llegado a las doce sanciones” que marca la ordenanza aprobada en el pasado año 2014. En caso de alcanzar la docena de multas sin que se retiren los asentamientos, la ADT podría actuar por iniciativa propia para forzar los desalojos por primera vez desde su constitución.

Los dos asentamientos son muy conocidos por quienes suelen pasar por la carretera de Sineu. También por el Ayuntamiento de Sencelles, a cuyo alcalde Joan Carles Verd incluso llegaron a tildar de “corrupto” en grandes pancartas enfocadas hacia la carretera por la negativa del Ayuntamiento a empadronar a los habitantes de estos asentamientos. En 2023, Verd presentó una denuncia por difamación contra los presuntos responsables de las parcelaciones ilegales. El Ayuntamiento ha denunciado en diversas ocasiones que estos poblados siguen creciendo a pesar de las órdenes de demolición que pesan sobre ellos.

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