La nueva entidad vecinal de Alcúdia contra el cable exige “transparencia y rigor técnico”
ANACA critica la compra municipal de fincas como Pollentia o Poble Nou que colindan con el trazado de la infraestructura y sospecha que podrían ser expropiadas por Red Eléctrica

Imagen de la zona de sa Ferradura, en la Victòria (Alcúdia), donde está prevista la entrada del cable eléctrico procedente de Castellón. / Guillem Bosch

La Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (ANACA), constituida hace unos meses para reclamar una nueva negociación sobre el trazado terrestre de la futura segunda interconexión eléctrica entre la península y Mallorca, exige “transparencia y rigor técnico” tanto al Govern como al Ayuntamiento de Alcúdia, instituciones a las que ha remitido sendas cartas en las que, entre otras cuestiones, reclama “información precisa y verificable”, además de “urgente”, sobre el proyecto promovido por Red Eléctrica de España (REE).
La nueva entidad lamenta que no ha recibido la información que había solicitado formalmente este pasado mes de agosto al Ayuntamiento de Alcúdia, concretamente toda la documentación relativa al nuevo trazado y el historial del proceso (actas de la mesa de trabajo, informes técnicos o recursos judiciales, entre otros documentos). También reprochan a la empresa promotora del cable su “silencio” ante las “reiteradas peticiones de reunión” por parte del colectivo vecinal. Según ANACA, los ciudadanos “necesitan contar con datos técnicos concretos” para presentar alegaciones con todas las “garantías jurídicas”.
Unos de los datos solicitados por la entidad tanto al Govern como al Ayuntamiento en las cartas citadas son las coordenadas que delimitan el recorrido exacto del cable tanto por el trazado submarino que entra en la isla por la zona de sa Ferradura (La Victòria), en la bahía de Pollença, la opción que finalmente ha sido elegida, como por dos de los trazados que acceden al municipio por la bahía de Alcúdia, descartados por la promotora, para “comprobar el estado real de las praderas de posidonia”.
La entidad tiene intención de encargar un estudio independiente sobre esta cuestión, pero para ello “es imprescindible que técnicos municipales, del Govern o de Red Eléctrica faciliten las coordenadas”. De hecho, ANACA ha aportado un informe geológico sobre la situación de la posidonia en ambos enclaves del litoral que, según aseguran, contradice la versión oficial que ha implicado la elección de la bahía de Pollença como punto de acceso del cable.
Por otra parte, la plataforma asegura que, a día de hoy, ningún organismo ha solicitado a Endesa, propietaria de las instalaciones de Es Murterar, un informe oficial sobre la viabilidad del tramo terrestre de las opciones que barajaban entrar el cable por la bahía de Alcúdia, una alternativa que desde el primer momento ha sido la preferida de los vecinos del municipio y del Ayuntamiento, pero que no ha sido contemplada por REE. ANACA subraya en sus misivas una serie de “incompatibilidades” señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto relacionadas con la “imposibilidad de usar las conducciones de refrigeración mientras sigan operativos los grupos 3 y 4 de Es Murterar”, así como la “infracción del Real Decreto 1955/2000 respecto a servidumbres de paso bajo edificaciones como el Hotel Edén Alcúdia o el Hotel Iberostar Playa de Muro”.
Por otra parte, también lamentan las “contradicciones” del Ayuntamiento, que por una parte se posiciona junto a estos vecinos a favor de la entrada del cable por la bahía de Alcúdia mientras por la otra “difunde publirreportajes celebrando un acuerdo histórico” para el trazado del cable que entra por la bahía de Pollença. También critican la compra de fincas como la de Pollentia o Poble Nou “supuestamente para proteger el patrimonio”, pero que “paradójicamente” colindan con el trazado terrestre del cable y “podrían facilitar futuras expropiaciones a favor de REE”. En este sentido, ANACA sostiene que “no se puede comprar para proteger y al mismo tiempo permitir obras que ponen en riesgo nuestro patrimonio, nuestra salud y nuestro mar”, por lo que exige a las instituciones que actúen con “responsabilidad” y que abran un “proceso real de participación antes de que las decisiones sean irreversibles”.
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