La Fiscalía pide prisión para el secretario y el aparejador de Escorca por avalar proyectos en es Guix

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el aparejador del Ayuntamiento de Escorca, Juan Palou Cantallops, y otros 3 años y seis meses para el secretario municipal, Juan Marqués Company, por haber avalado dos proyectos municipales en la urbanización de es Guix de Escorca hace unos años a pesar de que estos terrenos habían sido clasificados por el Consell como rústicos con la categoría de especial protección como Área Rural de Interés Paisajístico y Boscoso en 2010. 

Este lunes está prevista la celebración de la vista previa del juicio contra estos dos empleados del Ayuntamiento de Escorca en la Audiencia Provincial.

El escrito de la Fiscalía acusa al que era el aparejador en el momento de los hechos de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística, por lo que pide 4 años de prisión, así como una pena de 24 meses de multa a razón de 12 euros diarios, además de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En el caso del que era secretario, el escrito le acusa de un presunto delito de prevaricación urbanística, por lo que procede imponerle una pena de 3 años y medio de cárcel, así como 20 meses de multa a razón de 12 euros diarios y 10 años de inhabilitación de las mismas funciones que el caso anterior.

El Ministerio Fiscal explica en su escrito de acusación que el entonces secretario municipal Juan Marqués, había emitido en octubre de 2016 un informe que avalaba la adaptación de dos actuaciones municipales en es Guix al planeamiento urbanístico vigente. El fiscal apunta que el funcionario «certificó la legalidad» de ambos proyectos con el «más absoluto desprecio a la normativa aplicable» y a sabiendas que el proyecto de reforma y modernización del alumbrado público de la urbanización es Guix «resultaba incompatible» con el régimen urbanístico y territorial de los terrenos, que habían sido clasificados como rústicos por el Consell de Mallorca en junio de 2010, por lo que «no era subvencionable», así como el proyecto de mejora de un tramo de la ruta GR-222 Artà-Lluc que tenía por objeto rehacer con las caracteristicas de suelo urbano un tramo de 242 metros de longitud en la zona de es Guix.

Por su parte, acusa al al aparejador técnico, Juan Palou, de haber emitido en febrero de 2019 sendos informes técnicos municipales en los que «puso de manifiesto» que ambos proyectos «no modificaban ninguno de los parámetros urbanísticos existentes, resultando conformes a la normativa urbanística» cuando en realidad, según destaca el escrito de acusación, los terrenos habían sido clasificados como rústicos.

Una sentencia de diciembre de 2022 había declarado como «contrario a derecho» un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Escorca del año 2016 mediante el que se aprobaron ambos proyectos, después de estimar un recurso del Consell de Mallorca contra la desestimación de una solicitud formulada a Escorca para que revisara de oficio el citado acuerdo municipal.

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