El juez pide una pericial sobre el valor del solar por el que se investiga al alcalde de Selva

El magistrado de Inca que investiga al alcalde de Selva, el popular Joan Rotger, y al exsecretario interventor, Antoni Ferragut Mayrata, también del PP, por el supuesto sobrecoste en la compra municipal de la finca Es Tersal de Caimari en 2020 para reubicar el nuevo centro etnológico, ha pedido una prueba pericial sobre el valor del terreno.

El juez quiere conocer si el precio por el que salió a concurso la adquisición de un solar destinado al centro etnológico por 9,79 euros el metro cuadrado hace cinco años era correcto y se ajustaba al valor de mercado. Precisamente, ese concurso quedó desierto y, poco después, el ayuntamiento de Selva adquirió de forma directa la finca Es Tersal por un precio de 38,45 euros el metro cuadrado, es decir, cuatro veces más que lo previsto en las bases iniciales del concurso, según la querella de la Fiscalía. La compra del terreno se realizó por un precio global de 279.085 euros. Además, uno de los propietarios de Es Tersal, el exconcejal popular de Selva Antoni Femenías Cifre, es amigo personal del alcalde y también había sido compañero de partido, por lo que se indaga si resultó beneficiado con esta operación.

El alcalde de Selva declara que no compró la finca en Caimari para beneficiar a su compañero del PP

Por ello, el primer edil del municipio, Joan Rotger, está siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. El pasado lunes declaró ante el juez como imputado y negó todos los cargos.

Dos funcionarios del Consistorio que ayer comparecieron como testigos secundaron su versión ante el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Inca, encargado de investigar el caso. Los dos técnicos defendieron la legalidad de la operación y destacaron que no hubo ningún recurso en contra, en la misma línea que lo manifestado dos días antes por el alcalde.

También había sido citado como testigo el arquitecto municipal, pero su declaración finalmente se suspendió, a la espera previsiblemente del informe que elaboren los peritos sobre la valoración de los terrenos que ha acordado el juez instructor.

Uno de los técnicos que compareció ayer explicó que había sido contratado por la Mancomunitat del Raiguer y que trabajaba en pueblos pequeños como Selva y Mancor para reforzar la plantilla. El testigo reconoció que tramitó el expediente que ahora se investiga y señaló que lo hizo como tantos otros. Subrayó que se ajustaba a la legalidad y que nadie se quejó ni puso ninguna pega ni tampoco se interpuso un recurso en contra.

En contacto con el Consorcio

El empleado remarcó que siempre estuvo en contacto con el Consorcio Bolsa Alojamientos Turísticos, organismo que finalmente les concedió la subvención para poder comprar la finca Es Tersal.

Según señaló, contaban con un informe técnico que decía que la finca reunía las condiciones. Una parte del solar se utilizaba como aparcamiento y por ello el Ayuntamiento pagaba un alquiler; otra zona había sido cedida por la familia propietaria para las entradas y salidas del colegio; y el nuevo centro etnológico cabía perfectamente en los terrenos, según indicó.

El trabajador municipal aseguró que no conocía de nada al copropietario de Es Tersal, el exedil del PP, Antoni Femenías Cifre. Según su versión, no sabía quién era y no lo había visto nunca.

En cambio, el tesorero del Consistorio, que también declaró ayer como testigo, admitió que conocía al antiguo concejal del pueblo, pero puntualizó que no eran amigos. Este funcionario intervino en el expediente en el momento de pagar. También estuvo en la mesa del concurso. El técnico recordó que el concurso fue declarado desierto, ya que nadie se presentó. Con posterioridad, según se desprende de la querella del Ministerio Público, se procedió a la adquisición directa de la finca Es Tersal por parte del órgano de contratación, es decir, por parte del alcalde.

Cuatro años antes, en 2016, el primer edil, Joan Rotger, ya intentó comprar de manera directa el mismo terreno por un precio de 300.000 euros, si bien la operación se frustró porque le hicieron una moción de censura. Su intención era construir allí la escuela de Caimari, pero el proyecto decayó.

Las declaraciones de ayer de los dos testigos en los juzgados de Inca fueron mucho más breves que la maratoniana jornada del lunes, en la que el alcalde de Selva y el exsecretario municipal permanecieron cuatro horas, durante toda la mañana, en la sede judicial donde comparecieron en calidad de investigados, ambos asistidos por el abogado Miquel Arbona.

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