El alcalde de Selva declara que no compró la finca en Caimari para beneficiar a su compañero del PP

El alcalde de Selva, el popular Joan Rotger, declaró ayer ante el juez de Inca que no compró la finca en Caimari destinada al nuevo centro etnológico para beneficiar a su compañero del PP, Antoni Femenías Cifre, exconcejal popular de Selva y amigo personal de Rotger. El primer edil reconoció su amistad con Femenías y admitió que ambos se conocen del pueblo, pero negó que existiera algún tipo de interés en beneficiarle, ya que este es copropietario de los terrenos que el Ayuntamiento adquirió de forma directa en 2020.

El alcalde de Selva declarará el lunes ante el juez por cuatro presuntos delitos de corrupción

Rotger compareció ayer por la mañana ante el magistrado de Inca en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias por la adquisición directa de la finca Es Tersal presuntamente por un precio cuatro veces superior al previsto en las bases iniciales de un primer concurso, que quedó desierto. Su declaración fue muy larga, se postergó varias horas y ofreció todo tipo de detalles sobre la operación inmobiliaria que ahora está bajo la lupa de la Justicia.

El alcalde de Selva defendió el precio y subrayó que el terreno adquirido era "idóneo", además de venir avalado por los técnicos del Ayuntamiento. Rotger recalcó que todo el procedimiento se ajustaba a la legalidad y que habían cumplido todos los trámites de forma rigurosa. Según su versión, en los últimos cuatro años nadie interpuso ningún recurso administrativo ni acudió a la vía contenciosa-administrativa ni tampoco se quejó, hasta que el pasado año los partidos de la oposición denunciaron los hechos coincidiendo con la polémica por la construcción de la nueva escuela de Selva.

Joan Rotger reconoció que la “decisión política” de comprar la finca Es Tersal fue suya, como también la decisión de que el nuevo centro etnológico continuara en Caimari y no se trasladara a Selva, como quería el anterior equipo de gobierno. Según manifestó, había intentado que otra familia le vendiera otra parcela, pero no quisieron. Y valoró otro terreno de un grupo inversor, pero esa zona no reunía las condiciones necesarias. Por ello, la finca Es Tersal era la más idónea, ya que permitía reubicar allí el nuevo centro etnológico, además de que una parte del terreno ya era arrendado desde tiempo atrás por el Consistorio y se utilizaba como aparcamiento y otra zona había sido cedida por la familia propietaria para la entrada y salida del colegio, por lo que se consolidaba el lugar, que cumplía con varias funciones, según la tesis del alcalde.

Además del primer edil, también prestó declaración ayer ante el juez de Inca como querellado el exsecretario interventor del Consistorio de Selva, Antoni Ferragut Mayrata, actual secretario técnico de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca y también portavoz del PP en Sencelles. Su intervención fue mucho más breve y técnica, de poco más de media hora.

Ferragut explicó que él tramitó el expediente e insistió en que la finca adquirida era “especialmente idónea”. Alegó que él desconocía los precios de mercado de suelo rústico, pero apuntó que el precio que figuraba en el primer concurso era más elevado que el precio de expropiación. Según su versión, los técnicos del Ayuntamiento emitieron sus informes de valoración.

El magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Inca, que se encarga de investigar la causa, también había citado a declarar como imputado al copropietario de la finca Es Tersal, de Caimari, Antoni Femenías Cifre, quien finalmente ayer no pudo comparecer por motivos personales. A través de su representación letrada, Femenías aportó una causa justificada por no haber podido acudir a la sede judicial.

Sin fiscal ni acusaciones

El fiscal no estuvo presente ayer durante los interrogatorios al alcalde de Selva ni al entonces secretario municipal, ambos investigados por cuatro presuntos delitos de corrupción. Tampoco hubo ninguna acusación particular personada. Por ello, el juez instructor de Inca preguntó en solitario a los querellados, ambos asistidos por el abogado defensor Miquel Arbona.

La causa judicial por el supuesto sobrecoste en la compra municipal de los terrenos en Caimari continúa. Esta misma semana está previsto que declaren tres testigos del caso, tres técnicos del ayuntamiento de Selva.

El alcalde ha recordado que en 2016 intentó comprar la misma finca para construir allí la escuela de Caimari, pero le hicieron una moción de censura y el proyecto se frustró. Cuatro años después, en 2020, se convocó un concurso para adquirir unos terrenos para el nuevo centro etnológico por un precio máximo de 9,79 euros el metro cuadrado. Según Rotger, no se presentó nadie, el concurso fue declarado desierto. Así, posteriormente, el Ayuntamiento adquirió de forma directa la finca Es Tersal por un precio de 38,45 euros el metro cuadrado, es decir, cuatro veces más que lo previsto en las bases iniciales del primer concurso, según se desprende de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. La adquisición se realizó por un precio global de 279.085 euros.

El juez imputa al alcalde de Selva y al exedil del PP que vendió la finca de Caimari

El primer edil de Selva indicó que no querían perder una subvención, que suponía el 10% del presupuesto del Consistorio. Por ello, pidieron una autorización para adquirir los terrenos ya que la finca era idónea. Rotger defendió el precio de 9,79 euros ante el juez y señaló que era un buen precio. Además, según remarcó, todos los informes indicaban que el precio era correcto. Cuando realizaron la operación y la presentaron al Consorcio Bolsa Alojamientos Turísticos, en un primer momento les denegaron la subvención. Entonces, presentaron un recurso de reposición y se lo estimaron, por lo que finalmente obtuvieron la ayuda. Según el alcalde, contaban con todos los informes favorables. El 80% del dinero de la subvención fue para comprar la finca, mientras que el 20% restante era para hacer el traslado del centro etnológico. Tienen hasta el año 2027 para poder llevar a cabo este traslado, precisó Rotger.

El alcalde de Selva y el exsecretario municipal permanecieron ayer toda la mañana en los juzgados de Inca. Ambos entraron en el edificio judicial a las nueve y veinte minutos de la mañana y abandonaron la sede pasada la una y cuarto del mediodía.

Cuatro horas después de entrar en el juzgado, el alcalde de Selva a su salida declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación. “Prefiero no decir nada, la causa está en el juzgado”, manifestó el político popular.

El fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, interpuso una querella a principios de año contra ambos por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude a la administración.

El ministerio fiscal inició las pesquisas tras una denuncia presentada meses antes, en septiembre de 2024, por los partidos de la oposición, PSOE, Més y El Pi, en la que alertaban de presuntas “irregularidades” en la operación inmobiliaria que supuestamente habría beneficiado a uno de los propietarios del solar, el exregidor del PP de Selva, Antoni Femenías Cifre.

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