Un juzgado investiga por presunto maltrato animal a la granja avícola de Llucmajor

Las denuncias de las entidades animalistas ARDE y Satya Animal, junto con la incansable lucha de los vecinos, han surgido efecto. El juzgado de instrucción número 11 ha abierto diligencias previas por presunto maltrato animal a la granja avícola de Llucmajor, que desde hace unas semanas está en el primer plano informativo tras la difusión de imágenes escalofriantes en las que se denunciaba la presencia de ratas en las naves de la explotación agrícola, además de que los animales convivían con cadáveres en diferentes estados de descomposición y una suciedad extrema.

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Así, el juzgado de instrucción ha determinado iniciar formalmente una investigación y emplaza al SEPRONA a llevar a cabo las actuaciones necesarias con el fin de esclarecer los hechos que son objeto de investigación.

Consecuencias

Cabe recordar que tras la difusión a la opinión pública de las imágenes del horror tomadas por las entidades animalistas de la granja de los horrores de Llucmajor, la conselleria de Agricultura y el SEPRONA se personaron en la explotación de Ses Cisternetes para llevar a cabo una investigación que se prolongó durante ocho horas. Después de recopilar unas 400 fotos, 15 vídeos y analizar la documentación requerida a Avícola Son Perot, el Govern decidió, en base al informe técnicos, imponer medidas cautelares y paralizar la actividad de una de las seis naves de la granja, la 7G, por problemas de higiene muy graves, inmovilizar los huevos producidos y las 20.000 gallinas que deberán ser sacrificadas. Además los expertos proponen sancionar a la explotación con siete multas graves y una leve que pueden alcanzar los 420.600 euros, un proceso que sigue la vía administrativa.

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Por su parte, las entidades animalistas también acusaron al veterinario jefe de la granja de Llucmajor de ser directivo de la empresa y encubrir las irregularidades detectadas por la conselleria en 2024 y 2025. Por ello, exigieron al Colegio Oficial de Veterinarios de Illes Balears (COVIB)  que lo investigue para comprobar si ha podido incumplir o no el código deontológico. El COVIB ha recogido la petición y una vez obtenida toda la documentación, la remitirán a la  Comisión Deontológica que es el órgano independiente encargado de iniciar el trámite para comprobar si el veterinario en cuestión ha podido incumplir o no el código deontológico.

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