Greenpeace exige también el cierre inmediato de la granja avícola de Llucmajor por las "espeluznantes" condiciones de la instalación y sus incumplimientos legales

La organización ecologista internacional Greenpeace ha alzado la voz este martes y ha exigido el cierre inmediato de la granja avícola de Llucmajor, además de una inspección urgente de todas las explotaciones intensivas de España. Su reacción surge a raíz de las "espeluznantes" condiciones y los presuntos incumplimientos legales denunciados por las organizaciones ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) y Satya Animal en esta explotación mallorquina.

"¡Espeluznante! No puedo creerme que los seres humanos sigamos permitiendo este infierno”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de ganadería de Greenpeace España a eldiario.es. “No podemos permitir que esta explotación siga abierta ni un solo día más. Desde Greenpeace nos sumamos a la petición de las organizaciones ARDE y Satya Animal y exigimos el cierre inmediato de la macrogranja de Llucmajor, en Mallorca”, ha añadido Ferreirim.

La polémica granja avícola de Llucmajor, de nuevo bajo el foco: entidades ecologistas denuncian la presencia de ratas, cadáveres y suciedad extrema

La indignación de Greenpeace se fundamenta en la investigación realizada en abril de 2025 por ARDE y Satya Animal, que ha expuesto un panorama de insalubridad extrema en la granja, propiedad de la principal empresa avícola de Baleares, Avícola Ballester, que engloba las sociedades Avícola Ballester S.A. y Avícola Son Perot S.A. Las organizaciones han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente por presuntos delitos contra la salud pública y estafa, tras revelar la convivencia de gallinas vivas con decenas de cadáveres de su misma especie en diferentes estados de descomposición, algunos incluso canibalizados. La presencia de ratas, erizos, telarañas y una densa acumulación de polvo, tierra y plumas en las instalaciones ha sido documentada, gracias a un informante anónimo que relató a las ONG que "nada más dar un paso, había ratas corriendo para arriba y abajo de las estructuras".

Las organizaciones han alertado sobre el grave riesgo zoonótico que esto implica, lo que significa la posible transmisión de enfermedades a humanos como la leptospirosis o la salmonella.

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Asimismo, la denuncia apunta a un presunto fraude en la comercialización de huevos camperos. Según Julia Elizalde, portavoz de ARDE, una grabación demostraría que las gallinas camperas "no salen al exterior durante al menos seis días seguidos, permaneciendo las puertas de las naves cerradas". De confirmarse, esta práctica contravendría directamente la normativa europea que exige acceso ininterrumpido y durante todo el día a un espacio al aire libre para este tipo de gallinas, lo que se traduciría en un engaño al consumidor, que paga de media un 35% más por estos huevos bajo la creencia de adquirir un producto de mayor calidad y bienestar animal.

Un historial de ilegalidades y quejas vecinales

Greenpeace ha destacado que la explotación industrial de aves de corral de Llucmajor opera en "total ilegalidad" al carecer de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un trámite obligatorio para las explotaciones de más de 40.000 gallinas ponedoras (esta tiene 135.696). Esta misma carencia impide su aparición en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).

La granja de Llucmajor no es ajena a la controversia. Ya en octubre de 2024, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural había trasladado a la Fiscalía un informe sobre presuntos incumplimientos ambientales. En 2024, fue sancionada con una multa de 150.000 euros por operar sin la preceptiva autorización ambiental integrada desde 2017 y por un manejo incorrecto de los excrementos. Además, Avícola Ballester, la principal empresa avícola de Baleares, intentó construir en Sineu la mayor granja de España, con una capacidad para 739.000 gallinas, un proyecto que fue frenado por el Govern balear.

Los vecinos de Llucmajor han denunciado en numerosas ocasiones el impacto directo y severo de la granja en su calidad de vida, reportando plagas de moscas, olores nauseabundos y problemas de salud que van desde afecciones respiratorias y migrañas hasta vómitos.

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La empresa se defiende y advierte acciones legales

Por su parte, Avícola Son Perot S.A., copropietaria de la explotación, aseguró ayer en una nota de prensa que todas sus granjas, incluida la de Llucmajor, están sujetas a "rigurosos controles internos y externos". La empresa enfatizó que cuentan "con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR", y señaló que "el pasado martes 20 de mayo se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente en la granja de Llucmajor, superándose con normalidad." Además, declaró que sus instalaciones "reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración Balear", y adviertió que su departamento jurídico "permanece atento a cualquier posible publicación sobre este asunto y actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa".

A pesar de las garantías de la empresa, las asociaciones vecinales y las entidades de protección medioambiental y animal exigen el cierre inmediato de la explotación, argumentando que la granja no es autorizable en base a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

Este mismo martes, la entidad ecologista ARDE ha puesto en marcha una petición de firmas solicitando el cierre definitivo de la granja.

“¿Es este un caso aislado más, como nos dice la industria denuncia tras denuncia? ¿Cómo es posible que una macrogranja como esta siga funcionando sin permiso legal? ¿Quiénes están permitiendo que nuestra comida se produzca así? ¿Quiénes son los cómplices de este negocio y permiten que este modelo insostenible, cruel e insalubre siga funcionando? Después de este nuevo caso, la rabia es inmensa y urge más aún parar el nefasto y destructivo modelo de ganadería industrial y sus macrogranjas”, ha concluido Ferreirim de Greenpeace.

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