Juzgan al empresario Miguel Pascual por un delito ecológico en Llucmajor

El conocido empresario Miguel Pascual Bibiloni, antiguo propietario de varios locales en la Playa de Palma y que fue absuelto por la Audiencia Provincial en el caso Cursach por la presunta trama de corrupción policial, volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados. El hombre fue juzgado en Palma por un delito ecológico por presuntamente arrasar la flora y la fauna de una finca de Llucmajor de su propiedad para destinarla a viñedos.

El empresario Miguel Pascual, a juicio por un delito ecológico

Las tareas de roturación que llevó a cabo en el terreno, en la finca sa Bassa Plana, en las que arrancó masa forestal provocaron la muerte de seis tortugas mediterráneas, una especie protegida. “Localizamos hasta seis cadáveres. Podía ser que hubiera más porque el terreno estaba removido. No estaban putrefactas, habían sido aplastadas, claramente se veía”, indicó ayer un experimentado guardia civil del Seprona.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero de 2021. “Íbamos con varios compañeros, con perros adiestrados y con agentes de medio ambiente de la Conselleria buscando cebos envenenados. Observamos una retroexcavadora haciendo trabajos de limpieza vegetal en una finca y el perro localizó las tortugas aplastadas, una especie que está protegida. Le pedimos que parara de trabajar”, manifestó el agente del Seprona ante la magistrada.

“El operario nos indicó que trabajaba para Miguel Pascual Bibiloni. Luego, nos entrevistamos con él y nos reconoció que no disponía del título habilitante de la Conselleria. Un año antes, realizó la roturación de 1,4 hectáreas sin autorización. Para ese tipo de trabajo se necesita autorización. Es suelo forestal, aquello es un monte, es suelo forestal consolidado de más de 30 años. El acusado nos dijo que iba a cultivar cereal para alimentar al ganado y que iba a plantar viñedo”, recordó el investigador.

El empresario encausado se acogió ayer a su derecho a no declarar. La fiscalía solicita para él una pena de 15 meses de prisión por un delito contra los recursos naturales, además de una multa de 7.200 euros y su inhabilitación para ejercer como viticultor durante un año y medio. El ministerio público reclama también que la empresa titular del terreno afectado pague otros 22.500 euros.

“En septiembre de 2021 hicimos un recorrido por la finca. Empezó a roturar en 2011. La Conselleria resolvió tres expedientes contra él y otro estaba en tramitación. Él mismo nos reconoció que no planteó ningún plan de restauración de la zona. No llevó a cabo la restauración a la que estaba obligado por parte de la Administración”, subrayó un guardia civil del Seprona.

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Paga por anticipado

Un técnico de la entonces conselleria de Medio Ambiente confirmó que Pascual Bibiloni había sido sancionado anteriormente por las infracciones administrativas cometidas. “Él siempre paga por anticipado, todo lo ha abonado, reconoce su responsabilidad, este es su modus operandi. Pero no ha llevado a cabo la restauración, nunca ha presentado un plan de restauración”, recalcó. “De forma recurrente se le ha ido denunciando y sancionado por roturar el suelo. Son infracciones graves”, precisó el funcionario, quien indicó que se le había sancionado con 6.000 euros por la muerte de las seis tortugas mediterráneas y otros 6.000 euros por destruir el hábitat de esta especie protegida.

“Esa zona es la Marina de Llucmajor, donde habitan el milano real, la tortuga mediterránea y un tipo de sapo, que son especies protegidas. De 2019 a 2021 se modificaron 11,7 hectáreas. Fueron 11,7 hectáreas de roturación ilegal, no eran autorizables porque se trata de suelo forestal consolidado de más de 30 años. El hábitat de estas especies fue alterado. No he visto nunca una zona con tantas hectáreas roturadas sin autorización. Yo creo que es una alteración grave, para mí son unos hechos graves”, reconoció el agente del Seprona.

El resto de los investigadores y de técnicos que declararon ayer en el juicio coincidieron al señalar que los hechos eran “graves” por destruir el hábitat natural de especies protegidas, si bien admitieron que no habían realizado un estudio sobre el impacto medioambiental causado en la zona.

Dos guardias civiles hicieron hincapié en que desde 2011 se habían roturado unas 45 hectáreas en esa zona. “El daño causado es grave. Cuando se rotura, la especie no tiene el hábitat para residir”, manifestó un agente.

En este sentido, un agente de medio ambiente añadió: “Los daños son irrecuperables, nunca será forestal. Se ha pasado de zona forestal a zona agrícola. Se ha destruido el hábitat”. Su compañero puntualizó: “Es una pérdida de la masa forestal y las especies protegidas que viven allí. La zona se podría repoblar, pero el suelo ya no es el mismo”.

Antiguos directores generales e incluso el exconseller de Medio Ambiente Miquel Mir también comparecieron ayer en el juicio como testigos. La vista oral prosigue mañana con la prueba pericial y los informes de las partes.

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