El juez imputa al alcalde de Selva y al exedil del PP que vendió la finca de Caimari

El juzgado de instrucción número 1 de Inca ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía anticorrupción contra el alcalde de Selva, Joan Rotger (PP), y el exsecretario interventor del Ayuntamiento, Antoni Ferragut Mayrata, actual secretario técnico del Consell y portavoz del PP de Sencelles, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias por la adquisición directa por parte del Ayuntamiento de Selva de un terreno en Caimari en 2020 por un precio muy superior al previsto en las bases iniciales. La principal novedad con respecto a la querella del fiscal es que el juez ha decidido de oficio imputar al vendedor de esta finca, conocida con el topónimo de Es Tersal, el exedil del PP Antoni Femenías Cifre, amigo personal del alcalde desde los primeros años de Alianza Popular que fue regidor entre 1987 y 1995 y que posteriormente ha formado parte de las listas del PP en diversas convocatorias electorales. Femenías había sido incluido en la denuncia presentada por los partidos PSOE, Més y El Pi ante la fiscalía, pero el fiscal no lo había citado en la querella que finalmente ha sido admitida a trámite por el juzgado de Inca.

El magistrado de Inca ha citado a declarar el próximo mes de junio en calidad de investigados al actual alcalde de Selva, Joan Rotger (PP), y al exsecretario interventor del Ayuntamiento, Antoni Ferragut Mayrata, a quienes el fiscal imputa cuatro presuntos delitos de corrupción por su intervención en el expediente administrativo que se investiga, cuya finalidad era la adquisición de una finca en Caimari para trasladar el Centre Etnològic cuya ubicación en la finca municipal de ses Deveres era incompatible con la construcción del nuevo colegio que está actualmente en ejecución.

Tal y como ha explicado este diario en diversas publicaciones, el Consistorio había convocado en 2020 una subasta pública abierta a la libre concurrencia para adquirir un solar cuyo precio máximo, según las bases, debía ser de 9,79 euros por metro cuadrado, según una valoración de los propios técnicos municipales. No obstante, la subasta quedó desierta, lo que la denuncia de la oposición atribuye al precio poco atractivo para los posibles vendedores de terrenos. Después se inició un nuevo expediente para adquirir el solar por compra directa y la parcela elegida fue la finca de Es Tersal, propiedad del citado exedil del PP.

La finca, de 7.258 metros cuadrados en su mayoría rústicos, fue comprada por 279.085 euros, que era la cantidad prevista inicialmente, pero en este caso el metro cuadrado se pagó a 38,45 euros, cifra que multiplica por cuatro el precio máximo estipulado en las bases de la anterior subasta. La denuncia presentada por los partidos de la oposición observa “irregularidades manifiestas” en una operación que, además, ya intentó llevarse a cabo en 2016 por parte del alcalde Joan Rotger, en esta ocasión con el objetivo de construir en Es Tersal la futura escuela pública de Caimari, si bien la compra no llegó a materializarse porque el PP fue desalojado del poder con una moción de censura. En aquella ocasión, el Ayuntamiento habría obviado las ofertas de otros dos propietarios interesados en vender sus parcelas. Finalmente, en 2020, la operación fue consumada y el Ayuntamiento compró la finca propiedad de la familia del exedil del PP. Cinco años después, el centro etnológico que justificó la compra de Es Tersal sigue sin ser trasladado a la finca que se adquirió para tal fin, que ejerce de aparcamiento.

Cabe recordar que, en declaraciones a este diario, el alcalde Joan Rotger defendió la operación porque esta “se ajustó a derecho”. Aseguró que la compra de Es Tersal no se hizo para beneficiar a su compañero de filas y que el objetivo era evitar que la izquierda se llevase el centro etnológico a Selva. La adquisición de la finca se hizo con una subvención de la conselleria de Turismo del anterior Govern progresista, institución que en su día había dado el visto bueno a la operación para comprar con fondos del consorcio bolsa de alojamientos turísticos un solar que, según el Ayuntamiento, era necesario para el municipio. Rotger afirmó también que cuando se intentó comprar la finca en 2016 para ubicar allí el nuevo colegio de Caimari, “toda la corporación”, incluidos los partidos que han interpuesto la denuncia que ha derivado en la imputación del alcalde, el exsecretario y el exedil que vendió el solar, “votaron a favor de comprar el terreno por 300.000 euros, cuando estaba valorado en 708.000 euros”.

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