Calvià contrata a una tasadora andaluza para cobrar más por las plusvalías

Tras años de polémica, debate y sentencias en las que finalmente se ha exigido a las Haciendas autonómicas, incluida la balear, que dejen de hacer valoraciones «a bulto» de inmuebles a la hora de aplicar impuestos cuando cambian de manos, es decir, basándose únicamente en coeficientes y sin visitarlos salvo que esté adecuadamente justificado, ahora son las locales las que han comenzado a aplicar esa práctica rechazada por el Tribunal Supremo. En concreto, el ayuntamiento de Calvià ha contratado los servicios de la tasadora andaluza Conesteu para que valore los inmuebles cuando no está de acuerdo con lo declarado por el contribuyente y poder cobrar más a través del impuesto de plusvalías. El resultado es que hay casos en que la diferencia entre lo que expone el ciudadano y la valoración de esa empresa es hasta 15 veces superior. El temor de los expertos es que se produzca un ‘efecto contagio’ y otros municipios de las islas se sumen a esta práctica, según señala Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal.

El Supremo da la puntilla a la valoración de inmuebles por el Govern

La medida impulsada desde Calvià, externalizando las valoraciones de los inmuebles, se justificó alegando que su Oficina Municipal de Tributos (OMT) «no dispone de personal cualificado ni de medios materiales adecuados para llevar a cabo esta labor, que debe ser realizada por expertos en la materia, por lo que deben solicitarse los servicios fuera de este organismo autónomo», en referencia a la necesidad de «fundamentar las resoluciones de diferentes recursos presentados contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU-Plusvalías), así como en otros expedientes de gestión tributaria y recaudación donde dichas tasaciones puedan resultar necesarias», según se señala.

Para ello, el Consistorio sacó a concurso la externalización de estas tasaciones, que ganó la empresa Conesteu, al ofrecerse a hacerlas cobrando solo 150 euros por cada expediente. Incluso se planteó que pudiera haber incurrido en baja temeraria dado que la otra firma que se presentó, Gesvalt, presentaba unos precios proporcionales según el valor de la citada tasación, que con carácter general eran notablemente más elevados. Finalmente se desestimó, dado que la firma andaluza alegó que le llevaba el mismo trabajo hacer la valoración al margen del valor de la propiedad, argumento que se dio por bueno.

Hay que recordar que el impuesto de plusvalías lo que estima es el valor del suelo sobre el que se asienta el inmueble, y se aplica sobre la revalorización que se haya podido registrar.

Importantes discrepancias

Las valoraciones que está haciendo esta empresa andaluza se producen sin visitar las citadas propiedades, y este hecho está dando pie a importantes discrepancias entre lo declarado por el contribuyente y lo que estima Conesteu.

Alejandro del Campo señala el caso de una pareja de jubilados que adquirió dos locales en este municipio cuando los precios del sector estaban en niveles máximos. Tras un tiempo intentando venderlos sin éxito, al final aceptaron un precio inferior al que pagaron en su momento, tal y como consta en el correspondiente registro. Además, la compraventa se realizó sin que exista ninguna relación de proximidad entre las dos partes.

Esa pareja afirmó que no se había producido ninguna revalorización de su antigua propiedad, por lo que no se veían afectados por el citado impuesto de plusvalías. Pero el Consistorio alegó «la extrañeza que suponía que unos inmuebles en el término municipal de Calvià, hubieran experimentado un decremento en cuanto al valor del suelo en el período de generación del impuesto», encargando entonces la valoración a la tasadora andaluza.

El resultado es que uno de los locales cuya venta se registró por un valor de 16.000 euros, ha sido tasado en 275.000, mientras que el otro, por el que se afirma que se cobraron 24.000 euros, ha sido valorado en 134.000 por Conesteu.

Alejandro del Campo señala que con las nuevas estimaciones, la citada pareja de jubilados va a tener que pagar unos 3.000 euros por plusvalías, una cantidad que hace que muchos contribuyentes desistan de pelear judicialmente con el Ayuntamiento, lo que refuerza una situación que considera claramente injusta dado que en su opinión supone recuperar una práctica que se ha logrado suprimir en las Haciendas autonómicas, como son las estimaciones del valor de un inmueble «a bulto».

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Tesis del Supremo

Sobre este punto, el abogado recuerda que ya se consiguió que el Tribunal Supremo dictaminara que la valoración de un inmueble debía de conllevar que fuera visitado por algún técnico para comprobar su estado, o en todo caso justificar claramente por qué no se ha hecho.

Pero además, el temor existente es que esta práctica se vea como rentable para las arcas municipales y haya más Consistorios de las islas que la sigan. 

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