La fiscalía acusa al alcalde y al exsecretario de Selva de cuatro delitos de corrupción
La querella presentada en un juzgado de Inca considera que tanto Joan Rotger como Antoni Ferragut, actual secretario técnico de Hacienda del Consell, podrían haber cometido prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias

El alcalde de Selva, Joan Rotger, en una imagen de archivo. / D. M.

La querella presentada por el fiscal anticorrupción Juan Carrau en un juzgado de Inca acusa al alcalde de Selva, el popular Joan Rotger, y al exsecretario interventor Antoni Ferragut Mayrata, actual secretario técnico de Hacienda y Función Pública del Consell y portavoz del PP en el ayuntamiento de Sencelles, de cuatro delitos de corrupción en la operación de compra por parte del Ayuntamiento de Selva de una finca de Caimari a un exedil del PP en 2020 por un precio muy superior al previsto inicialmente. El escrito del fiscal considera que podrían haber cometido los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias.
Por contra, la querella de la fiscalía anticorrupción excluye al antiguo edil del PP de Selva y propietario del terreno comprado por la administración municipal, Antoni Femenías Cifre, a quien en principio no imputa ningún delito a pesar de que la denuncia presentada ante el Ministerio Público por los partidos Més, PSOE y El Pi le incluía como presunto autor de un delito de tráfico de influencias.
Tal y como ha publicado este diario, la querella del fiscal se ha interpuesto en el juzgado de Inca porque es en este partido judicial, en este caso en el vecino municipio de Selva, donde se habría realizado la presunta conducta delictiva. El caso ha recaído en el juzgado de instrucción número 1 de Inca, que todavía no ha admitido la querella a trámite.
El caso de presunta corrupción que afecta al veterano alcalde popular de Selva fue denunciado el pasado 30 de septiembre por los partidos que actualmente integran la oposición del Ayuntamiento (si bien PSOE y Més forman la coalición Arrelam). La fiscalía anticorrupción ha apreciado indicios de irregularidades, por lo que el pasado 4 de febrero remitió la querella al juzgado tras una investigación preprocesal basada en la denuncia de las citadas formaciones políticas.

El exsecretario interventor de Selva Antoni Ferragut Mayrata, actual secretario técnico del Consell y portavoz del PP de Sencelles. / Ajuntament
Los hechos denunciados se remontan a 2020, cuando el Ayuntamiento de Selva gobernado por el PP de Joan Rotger quiso comprar un terreno en Caimari para reubicar el parque etnológico que estaba en la vecina finca de ses Deveres porque en este mismo espacio se debía construir el nuevo colegio de Caimari, actualmente en ejecución.
En un principio, el Consistorio había convocado una subasta pública abierta a la libre concurrencia para adquirir un solar cuyo precio máximo, según las bases, debía ser de 9,79 euros por metro cuadrado, según una valoración de los propios técnicos municipales. No obstante, la subasta quedó desierta, lo que la denuncia de la oposición atribuye al precio poco atractivo para los posibles vendedores de terrenos. Después se inició un nuevo expediente para adquirir el solar por compra directa y la parcela elegida fue la finca de Es Tersal, propiedad del citado exedil del PP, amigo del alcalde Rotger desde los primeros años de Alianza Popular.
La finca, de 7.258 metros cuadrados en su mayoría rústicos, fue comprada por 279.085 euros, por lo que el metro cuadrado se pagó a 38,45 euros, cuatro veces más que el precio máximo estipulado en las bases de la anterior subasta. La denuncia observa “irregularidades manifiestas” en el informe jurídico firmado por el entonces secretario Antoni Ferragut Mayrata, actual alto cargo del Consell de Mallorca. Cinco años después, el centro etnológico que justificó la compra de Es Tersal sigue sin ser trasladado a la finca.
El alcalde Rotger, que el viernes negó irregularidades en declaraciones a este diario y aseguró que la operación estaba "ajustada a derecho", ya había intentado comprar la misma finca en 2016 para que acogiese el nuevo colegio de Caimari y llegó a firmar una opción de compra con la familia propietaria que no llegó a materializarse porque fue desalojado del poder por una moción de censura de la oposición. La denuncia que ha motivado la querella de la fiscalía anticorrupción constata que el Ayuntamiento habría obviado las ofertas de otros dos propietarios interesados en vender sus parcelas para centrarse únicamente en la finca del excompañero de filas políticas del alcalde, que acabó comprando.
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