El alcalde de Selva asegura que la operación investigada "se ajusta a derecho"

El alcalde de Selva, Joan Rotger (PP), asegura que la compra de la finca de Es Tersal en 2020 se realizó de forma “ajustada a derecho” y estuvo avalada por informes municipales. Esta operación ha sido denunciada por los partidos Més, PSOE y El Pi al entender que se han producido presuntas irregularidades, una apreciación que parece compartir la fiscalía anticorrupción, que ha interpuesto una querella en los juzgados de Inca.

El regidor del PP, sin embargo, asegura que no tiene constancia oficial de ninguna denuncia en su contra por parte de los partidos que integran actualmente la oposición municipal (Més y PSOE forman parte de la coalición Arrelam) y que se ha enterado de las acusaciones a través de las informaciones periodísticas, por lo que prefiere ser “prudente” a la hora de valorar el contenido de la denuncia.

Rotger confirma que la adquisición de la finca de Es Tersal figura en dos expedientes diferentes. Tal y como publicaba ayer este diario, el Ayuntamiento intentó en 2016 comprar la parcela, propiedad de un exedil del PP con una larga relación de amistad con el actual alcalde, con el objetivo de ceder los terrenos al Govern para que construyera la nueva escuela de Caimari. “Toda la corporación, incluidos los partidos que ahora han interpuesto la denuncia, votó a favor de la compra por 300.000 euros de la finca, cuando esta estaba valorada en 708.000 euros”, apunta el alcalde de Selva.

Rotger añade que se firmó una opción de compra que no llegó a ejecutarse porque se produjo un moción de censura que desalojó al PP del poder local. El regidor asegura que, cuando firmó este primer contrato con la propiedad, el 11 de octubre de 2016, todavía no sabía que se presentaría una moción de censura, a pesar de que, según especifica la denuncia, la oposición la registró el 3 de octubre, ocho días antes de la firma de la opción de compra.

Cuando el nuevo pacto de centro-izquierda accedió al gobierno local “dejaron caducar el contrato y buscaron otra finca para construir la escuela de Caimari, con un coste de 295.000 euros, aunque la compra resultó inviable porque estaba vinculada a una licencia de obras concedida”, precisa Rotger. Finalmente, la escuela se construiría en la finca municipal de ses Deveres, ya que tampoco podía hacerse en la finca de Es Tersal que el Ayuntamiento intentó comprar en 2016.

En 2020, el equipo de gobierno del PP llevó a cabo la compra de Es Tersal, en esta ocasión con el argumento de reubicar en ella el Parc Etnològic que se había instalado en ses Deveres y que era incompatible con la futura escuela. Rotger explica que la intención del equipo de gobierno progresista era la de “llevarse el Parc Etnològic a Selva”, lo que se consideró como una afrenta al pueblo de Caimari porque las distintas estructuras integradas en el parque “fueron hechas por vecinos de Caimari”. Por este motivo, Rotger justifica la necesidad de comprar una finca en Caimari donde reubicar los elementos que formaban parte de este parque.

El alcalde apunta que los partidos que le desbancaron de la alcaldía habían solicitado una subvención de 350.000 euros al Govern para ejecutar el proyecto de traslado del parque a Selva y que cuando el PP recuperó la mayoría absoluta en 2019 “se solicitó al Govern una modificación del proyecto” para destinar el 70% de la subvención a la compra de una finca para que el parque se quedara en Caimari.

Actualmente, cinco años después de la operación, el parque sigue sin estar instalado en la finca de Es Ternal, que ejerce de aparcamiento, aunque Rotger asegura que “quedan dos años de plazo” para poder crearlo y que ya se han trasladado las piedras para ello.

El alcalde niega que existiera un trato de favor al exedil del PP Antoni Femenias, propietario de la finca. “Se convocó un concurso público que quedó desierto y después se adquirió el solar de forma directa porque era una finca idónea para ubicar el parque etnológico”. El escrito presentado a la fiscalía anticorrupción denuncia que el Ayuntamiento pagó 38,45 euros por metro cuadrado por la compra de la finca, cuando las bases de la subasta pública especificaban que se debía pagar un máximo de 9,79 euros por metro cuadrado. Rotger apunta al respecto que "se pagó el precio que el Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar desde el principio, 279.085,79 euros”. La denuncia también aprecia que los informes técnicos del Consistorio dieron un precio de 1.376,67 euros a los metros urbanos del solar, lo que Rotger atribuye a la “delimitación del casco urbano” que aprobaron los partidos progresistas, lo que implicó la calificación como suelo urbano de parte de la finca de Es Tersal y “por esto hay precios diferentes”.

Rotger niega “rotundamente” que la intención fuera la de favorecer a un compañero de partido en detrimento de otros posibles propietarios con solares similares. “La finca era de una madre y sus cuatro hijos que vendieron la finca porque esta se ajustaba a lo que quería el Ayuntamiento”, apunta.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau ha redactado la querella

El fiscal anticorrupción Juan Carrau ha sido el encargado de redactar la querella que ha sido remitida a los juzgados de Inca, recayendo en el juzgado de instrucción número 1 de Inca, que todavía no la ha admitido a trámite, según ha podido saber este diario.

La denuncia presentada por los partidos Més, PSOE y El Pi fue presentada ante la fiscalía de Balears el pasado 30 de septiembre. Cuatro meses después, el 4 de febrero de 2025, el Ministerio Fiscal acordó la interposición de una querella ante los juzgados después de haber visto indicios de presuntas irregularidades tras una investigación preprocesal basada en la denuncia de los citados partidos.

Cabe recordar que el escrito de la oposición atribuye presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al alcalde Joan Rotger Seguí, al exsecretario del Ayuntamiento Antoni Ferragut Mayrata, y al vendedor del terreno y antiguo regidor del PP de Selva Antoni Femenías Cifre al entender que se habrían cometido estos delitos porque la compra se formalizó por un precio muy superior al recogido en la licitación pública que había quedado desierta.

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