Un juez investiga al alcalde popular de Selva por la compra de un terreno a un exedil del PP

Un juzgado de Inca ha abierto una investigación contra el alcalde de Selva, Joan Rotger, por la adquisición de una finca a un compañero del PP al que habría presuntamente beneficiado pagando un precio muy superior al estipulado en las bases iniciales.

La Fiscalía de Balears ha interpuesto una querella en los juzgados de Inca, a raíz de una denuncia presentada el pasado 30 de septiembre de 2024 ante el Ministerio Público por los partidos Més per Mallorca, PSOE y El Pi contra el actual edil de Selva y el exsecretario del Ayuntamiento Antoni Ferragut Mayrata por un presunto delito de prevaricación por la compra mediante adquisición directa en el año 2020 de unos terrenos de Caimari a un exregidor del PP para la ubicación del parque etnológico. La denuncia de las citadas formaciones, que actualmente están en la oposición municipal de Selva, también incluye al vendedor de los terrenos y antiguo regidor Antoni Femenías Cifre por un presunto delito de tráfico de influencias.

La querella interpuesta por la Fiscalía ha recaído en el juzgado de instrucción número 1 de Inca, que ya ha iniciado diligencias previas.

Los hechos que se incluyen en la denuncia aceptada por la Fiscalía y trasladada al juzgado se remontan al año 2020, cuando el Ayuntamiento de Selva quiso comprar un terreno en Caimari para reubicar el parque etnológico que estaba en la zona de Ses Deveres porque en este mismo espacio se debía construir el nuevo colegio público, cuyas obras están en marcha.

En un principio, el Ayuntamiento había convocado una subasta pública abierta a la libre concurrencia por la que no se recibió ninguna oferta, por lo que se declaró desierta. El Consistorio había optado a una convocatoria pública del Consorcio Bolsa de Alojamientos para obtener una subvención destinada a la compra del terreno preferentemente rústico de al menos 3.000 metros cuadrados que, entre otros requisitos, debía tener un precio máximo de 9,79 euros por metro cuadrado, según la valoración realizada por los técnicos municipales. Para la compra, se reservó la cantidad de 279.085,79 euros. El escrito de denuncia atribuye al precio máximo de 9,79 euros por metro cuadrado el hecho de que la subasta quedara desierta al considerar que esta cantidad no convenció a los propietarios de parcelas susceptibles de ser adquiridas por el Ayuntamiento.

El 19 de junio de 2020, la mesa de contratación acordó declarar la subasta desierta porque desde el 3 de junio anterior, fecha en el que se publicó el anuncio de licitación, no se había presentado ninguna oferta. Después, el alcalde solicita una prórroga al Consorcio porque el 10 de julio se inició un nuevo expediente para la adquisición directa mediante procedimiento negociado del solar donde trasladar el parque etnológico. El 15 de julio, el alcalde notifica la resolución de adquisición directa de la finca conocida con el topónimo de Es Tersal, de 7.258 metros cuadrados (de los cuales 526 son urbanos y 6.731 rústicos), por 279.085,79 euros. Un día más tarde, la propiedad acepta la oferta.

La denuncia constata la “irregularidad” de esta operación porque finalmente la compra se formalizó por un precio muy superior al recogido en la licitación pública, ya que se pagaron 38,45 euros por metro cuadrado, casi cuatro veces más. Según los partidos denunciantes, se deberían haber publicado unas nuevas bases con el nuevo precio para que cualquier interesado pudiera optar, ya que se trataba de un “cambio muy sustancial”. Por ello, la denuncia observa “irregularidades muy manifiestas” en el informe jurídico firmado por el entonces secretario del Ayuntamiento. Asimismo, los dos informes técnicos del arquitecto “adolecen de irregularidades” porque “permiten una declaración de idoneidad en exclusiva del inmueble en detrimento de otros colindantes” y, además, “le da un precio de 1.376,67 euros a los metros urbanos” cuando ya se había resaltado que el precio en las bases de la licitación pública era de 9,79 euros el metro tanto en suelo rústico como en urbano”.

Esta cuestión “no es baladí”, según los partidos denunciantes, ya que a partir de la cuantificación realizada por el arquitecto técnico “se procede a considerar la cantidad de 279.085 euros como por debajo del precio real de mercado, dando así una apariencia de precio justo y dentro de mercado”. Aunque no se descarta esta última posibilidad, el escrito subraya que “o bien cuando se presentaron las bases la tasación se realiza con un precio muy por debajo de lo aceptable para cualquier propietario, pues se hacía con dolo para conseguir la contratación vía directa con los propietarios de Es Tersal, o existe el dolo en momento posterior cuando no se cumple con la obligación preceptiva de obligatoriedad de nuevamente darle publicidad al precio para que otros propietarios pudieran postularse como posibles vendedores”.

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