¿Cuánto costaría comprar una de las 60 viviendas de precio limitado proyectadas en Cas Català?

La intención de un promotor privado de construir 60 pisos de precio limitado en una zona arbolada situada en la calle Olivera de Cas Català (Calvià), aprovechando las nuevas disposiciones de una ley autonómica para paliar la emergencia habitacional, ha generado la oposición de vecinos que sostienen que esa parcela estaba catalogada para albergar equipamientos.

Esas viviendas de precio tasado o limitado (VPL) que se planean no son una figura muy conocida entre la población y, en ocasiones, se confunden con las viviendas de protección (VPO), aunque ambos tipos de unidades habitacionales, si bien están sujetas a ciertas limitaciones, presentan características diferenciadas.

Una de las principales diferencias reside en cómo se accede a una de estas viviendas. Para conseguir una VPO, el solicitante debe estar previamente inscrito en el registro público de demandantes de viviendas protegidas y se tiene en cuenta su renta económica. En concreto, su unidad familiar no debe superar unos ingresos que equivalgan a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el baremo usado en España para la concesión de ayudas.

Los vecinos de Cas Català sacan tarjeta roja contra las 60 viviendas proyectadas

En cambio, para acceder a una VPL, se piden como requisitos el acreditar una residencia permanente en Balears; destinar ese piso que se quiere comprar a domicilio habitual, y carecer de otra vivienda en propiedad.

Más caras que una VPO

Las viviendas de precio limitado son más caras que una vivienda protegida. Hasta un 10% o un 30% más caras, como apunta la web informativa del Govern sobre las VPL. Éstas pueden ser de dos tipos: 1 (que engloba edificaciones ya existentes) y 2 (de obra nueva, como sería el caso de las de Cas Català).

En el cuadro de tarifas en vigor, se puede ver que, en los municipios como Calvià, los precios máximos para una vivienda de precio limitado de 45 metros cuadrados, con la etiqueta energética A, sería de 160.520 euros; para una de 60 metros cuadrados, 214.027 euros; y para una de 80 metros cuadrados, de 285.369 euros.

Si la etiqueta energética es de nivel B, C o D esos importes máximos se reducirían ligeramente hasta unos topes de 131.102 euros, 174.802 euros y 233.070 euros para pisos de 45, 60 y 80 metros cuadrados, respectivamente.

Estas VPL están sujetas a las mencionadas limitaciones de forma permanente, que se aplicarían en futuras transmisiones de la propiedad.

Si las VPL se proyectan a partir de un cambio de uso, como es el caso de Cas Català, el promotor dispone de dos años desde la aprobación del decreto ley para presentar ante el Ayuntamiento una declaración responsable y una solicitud de licencia.

Reuniones vecinales

La semana pasada, vecinos de Cas Català se reunieron con representantes del Ayuntamiento de Calvià y del Govern para que les informasen de este proyecto urbanístico que ha levantado protestas en la zona residencial. Durante esa reunión, los residentes advirtieron de que el incremento poblacional ocasionaría problemas de tráfico y de gestión de los recursos.

El director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, detalló a los vecinos que, con la nueva normativa autonómica, en este tipo de suelo (tanto si es público como si es privado) se permite un uso residencial siempre que se trate de viviendas sujetas a algún tipo de protección. En este caso, serían pisos de precio limitado. Además, dijo, se mantiene la posibilidad de combinar ese nuevo uso residencial con el ya existente de equipamiento.

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