Santanyí insta a Madrid a desbloquear la ley contra la okupación ilegal

El Ayuntamiento de Santanyí ha aprobado en el pleno del mes de febrero una propuesta de resolución para la erradicación de la okupación ilegal de viviendas, la defensa de la propiedad privada, la seguridad y la convivencia vecinal. La iniciativa, que ha sido presentada por el equipo de gobierno del PP, insta al gobierno central a «desbloquear la tramitación de la Ley contra la okupación ilegal de viviendas» y a aprobar una serie de medidas encaminadas a la recuperación «inmediata» de los inmuebles okupados en un plazo máximo de 24 horas; el incremento de las penas para quienes okupen ilegalmente viviendas; la anulación de la inscripción en el padrón municipal de los okupantes ilegales; y la posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan actuar legalmente para defender la convivencia vecinal.

La propuesta aprobada por el pleno destaca el «incremento de la okupación il·legal en Balears» tanto en las ciudades como en los municipios más pequeños y alerta del «peligro» que supone para la convivencia y la seguridad ciudadana. También denuncia la «actuación de mafias que aprovechan la situación para sacar beneficio, a menudo con alquileres ilegales de viviendas okupadas».

La alcaldesa Maria Pons ha subrayado la importancia de esta resolución porque «la propiedad privada debe protegerse y no puede quedar en manos de quienes vulneran la ley» y ha añadido que la okupación ilegal «genera inseguridad y afecta a muchas familias», por lo que el Ayuntamiento «exige soluciones reales y eficaces para erradicar el problema». El Consistorio trasladará ahora el acuerdo a la presidencia del gobierno de España y a la presidencia del Congreso de los Diputados.