La residencia de Sóller reclama al Ayuntamiento medio millón de euros por los ancianos ingresados

Sóller Invest, la empresa que gestiona la residencia de Sa Calatrava de Sóller, ha presentado un escrito al Ayuntamiento por el que le reclama el pago de 485.655 euros por los ancianos que han ocupado las plazas conveniadas con el consistorio correspondiente a los dos últimos años. Se trata de una petición que los servicios técnicos han rechazado, por lo que muy posiblemente la petición acabe ante los tribunales.

El origen del conflicto se remonta al año 2005 cuando Sóller firmó un convenio con la nueva residencia para alojar a los 50 ancianos del geriátrico municipal que cerraba las puertas el mismo día que abría la residencia privada. Este convenio se fue renovando en años sucesivos y a partir de 2011 el Ayuntamiento firmó otro convenio con el Govern mediante el cual la administración autonómica sufragaba el coste de estas plazas. Por esas plazas Sóller abonó el precio de referencia estipulado por el Institut Balear d’Afers Socials (IBAS).

Este sistema se mantuvo hasta 2022, cuando a partir de ese año comenzó a variar el precio por plaza que abonaba el Ayuntamiento con las que pagaba el Govern directamente a la residencia con la que había concertado un centenar de camas.

Desde el año 2022 hasta finales de 2024, la residencia ha presentado sendas facturas rectificativas con las que reclama al ayuntamiento 216.286 euros y 269.368 euros respectivamente. Su pago ha sido rechazado por el Ayuntamiento, según explicó la concejal de Servicios Sociales, Llum Castañer, por entender que no le corresponde al municipio hacer este pago.

La edil señaló que el Ayuntamiento ha ido abonando a la residencia el dinero que ha ido recibiendo del Govern por las 50 plazas conveniadas, por lo que entiende que el municipio ha cumplido con sus obligaciones frente a la empresa que gestiona la residencia.

Para evitar que la reclamación aumente de importe, el diciembre pasado el Ayuntamiento traspasó sus plazas al Govern, que las ha incluido en la Xarxa Pública de Dependència. Castañer ha asegurado que la reclamación económica es fruto “de una interpretación distinta” que habría dado la residencia al acuerdo con el Ayuntamiento. La edil reconoce que el caso podría acabar ante los tribunales, aunque enfatiza que tanto los servicios técnicos, económicos y jurídicos rechazan el pago de las facturas extra presentadas por la residencia de ancianos.