El coste de las prisas y de la imagen

En algunas ocasiones, saber esperar, tener un poco de paciencia, se transforma en éxito razonable. En lo económico, hasta puede resultar rentable o, cuando menos, evitar dispendios desproporcionados. Lo decimos pensando en el túnel de Sóller. Se puede discutir si una vía de sus características debía ser explotada mediante gestión privada o más bien sujetarse a la administración pública. El hecho es que desde su inauguración estaba en manos de una filial de Globalvia y que al Consell presidido por Miquel Ensenyat, en 2017, le entraron las prisas por rescatar la concesión privada. Faltaban pocos meses para que expirara tal concesión. Para anular una adjudicación pública deben primar, de manera objetiva, razones de alto interés general. Según el Tribunal Supremo, estos motivos no se daban en el túnel de Sóller y en 2023 declaró nulo el rescate. La fijación de las indemnizaciones corresponde al juzgado de la contencioso-administrativo que tramitó la reclamación de Globalvia. En esas estamos, con un baile de millones de por medio, siempre al alza, que, por supuesto, acabará pagando el ciudadano. El mismo contribuyente que, de haber abonado el pase por el túnel de Sóller unos pocos meses más, ahora no se vería en esta encrucijada. Pero primaron las prisas y el afán por una supuesta buena imagen de un Consell que paga con el dinero de otros.

Mientras va pasando el tiempo, entre cálculo del perjuicio causado e intereses acumulados, si se hace caso al concesionario expulsado, la indemnización puede llegar ascender a 31,5 millones. No es broma. Y eso que ha habido rebajas.

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