El GOB apoya las alegaciones contra la reparcelación de sa Pedruscada, en Capdepera
La entidad denuncia que se pretende construir una macrourbanización de 72 viviendas de forma irregular

Cartel a favor de conservar sa Pedruscada. / GOB
La Associació Salvem sa Pedruscada ha presentado alegaciones a la aprobación del proyecto de reparcelación de la UA-11 Sa Pedruscada promovida por Residencial Vista Alegre SA para la construcción de 72 viviendas. Desde el GOB se "hacen eco" del trabajo de la plataforma y suscriben los aspectos planteados en las alegaciones de la entidad.
"Tras el análisis del proyecto y sus antecedentes por un experto en urbanismo, se han puesto de manifiesto las graves irregularidades en su tramitación", señala la entidad ecologista. "La delimitación de la UA-11 fue inicialmente aprobada por acuerdo del Ayuntamiento de Capdepera en 2014 pero nunca se ha llevado a cabo su ejecución urbanística", añade. También subraya que nunca se realizó el trámite de información pública del proyecto de delimitación pertinente, lo que implica la "nulidad del procedimiento".
La aprobación del proyecto presentado se basa en la reiteración de ese acuerdo aunque "ha variado sustancialmente su objeto y alcance para promover la reparcelación sólo de una de las 6 unidades de actuación inicialmente contempladas", además de cambiar el sistema de urbanización de cooperación por el de compensación. "Todo ello sin que conste en la documentación presentada motivación alguna que pueda justificar el interés público que persigue; la memoria de motivación constituye un requisito imprescindible en su tramitación. Su omisión implica la ilegalidad de la actuación", destaca el GOB.
Con este paso el Ayuntamiento quiere dar vía libre a la concesión de la licencia para la construcción de la macro-urbanización de 72 viviendas en un terreno que no puede considerarse suelo urbano sino suelo urbanizable, según establece la Norma 10 del Plan Territorial de Mallorca, por "no disponer de los servicios de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y aceras que establece el artículo 8.a) de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones". Esta circunstancia se ratifica por disposiciones normativas posteriores, como la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares, o la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
La situación "es aún más grave" atendiendo a lo establecido en el Decreto-ley 10/2022 de medidas urgentes en materia urbanística, que tiene por objeto el cumplimiento del mandato del Decreto 9/2020 de medidas urgentes de protección del territorio de las Islas Baleares. "Podríamos estar ante unos terrenos que deberían considerarse rústicos, y que recientemente han sido calificados como inundables en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares".
"Por otra parte, con la ratificación del acuerdo de 2013, el Ayuntamiento de Capdepera pretende iniciar y ejecutar cualquier proyecto de transformación urbanística, evitando la aplicación de la normativa vigente que implicaría la emisión del informe de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer sus necesidades de nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico, entre otros muchos informes preceptivos y vinculantes".
En conclusión, lo que ponen de manifiesto las alegaciones presentadas por la Salvem Sa Pedruscada es que "la construcción de la macro urbanización no es sólo un impacto grave para el medio ambiente, el paisaje y la sostenibilidad de la zona, sino que además cuenta con graves irregularidades urbanísticas en su tramitación".
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