Las 99 VPO de Santa Ponça, aún pendientes de entregar, están vigiladas desde hace un año para evitar que entren okupas

La promoción de 99 viviendas de protección oficial (VPO) construidas en Santa Ponça, en la calle Unamuno, que aún no se ha adjudicado a falta de los preceptivos trámites administrativos, lleva desde hace un año siendo vigilada para evitar que entren okupas en estos pisos que ya están equipados para vivir.

Concretamente, en su momento el Ayuntamiento de Calvià, gobernado actualmente por Partido Popular y Vox, instaló cámaras de seguridad y contrató vigilantes para evitar intrusos en esta promoción, que es la de mayores dimensiones que se ha hecho en el municipio en los últimos años y cuya gestación se remonta a la pasada legislatura. Esta semana, solicitantes de algunas de estas VPO han urgido al Ayuntamiento a entregarlas ya, ante los problemas de vivienda que existen en un municipio con elevados precios inmobiliarios.

Son Ferrer

En los últimos tiempos, se ha producido algún que otro caso de okupación en pisos sociales del municipio de Calvià. El episodio más sonado, como ya informó este diario, se registró en un piso de protección oficial de Son Ferrer que es propiedad del Ayuntamiento de Calvià. El verano pasado, una jueza de Palma frenó cautelarmente el desalojo de una familia que está okupando una vivienda en este edificio.

La magistrada dictaminó que el Consistorio no había acreditado que ese piso hubiese sido adjudicado a otro usuario «preferente» ni que existiese una «necesidad urgente» de disponer del alojamiento. El Ayuntamiento recurrió la decisión judicial. El auto del juzgado de instrucción número 10 de Palma aceptaba el recurso presentado por la pareja que está viviendo en esa VPO, con sus dos hijos. La magistrada dejó sin efecto la medida del desalojo hasta que la Audiencia Provincial se pronunciase definitivamente al respecto. 

Suscríbete para seguir leyendo