Vivir junto a una granja avícola: gallinas muertas al aire libre y millones de moscas

«Aquí, sobre todo en verano, no se puede vivir por los fuertes olores insoportables y los millones de moscas que hay por todos los sitios». El testimonio de los vecinos de las urbanizaciones costeras de Llucmajor cercanas a la granja que explota Avícola Son Perot, la misma empresa que pretende construir la macrogranja en Sineu, habla de situaciones dantescas que, en algunos casos, han sido documentadas en videos y fotografías realizadas en el entorno de la explotación ganadera y que han sido adjuntadas a las diversas denuncias que se han presentado ante la Administración. 

Cansados de que sus quejas no fueran escuchadas ni por el Ayuntamiento de Llucmajor ni por el Govern, ahora esperan con cierta esperanza los resultados de la investigación iniciada por la Fiscalía a raíz de un informe remitido por la conselleria de Agricultura, que recogió una serie de irregularidades durante una inspección realizada hace dos meses motivada precisamente por las quejas vecinales sobre la elevada presencia de moscas que generaba la actividad ganadera. La Conselleria ha abierto un nuevo expediente sancionador contra la empresa y ha dictado una resolución en la que se ordenan una serie de medidas cautelares que no han trascendido pero que indican que la actividad no se estaría desarrollando tal y como obliga la normativa.

Una de las denuncias vecinales se presentó el pasado mes de abril ante la comisión de Medio Ambiente. El escrito asegura que la granja «no posee los permisos ambientales en regla, así como declaración de impacto ambiental ni autorización ambiental integrada» y que, a pesar de estar abierta desde hace años, hace pocos meses tanto el proyecto como el informe ambiental de la granja pasaron el trámite de exposición pública. Las asociaciones vecinales cercanas presentaron alegaciones denunciando la «mala gestión ambiental» de la empresa y el «menosprecio» al cumplimiento de los requisitos legales. 

Esta denuncia iba acompañada de unas impactantes imágenes, extraídas de un vídeo que en las últimas semanas ha circulado por las redes sociales, en las que se observa una fosa cavada en el suelo donde se amontonan decenas de gallinas muertas. «Se ha tenido conocimiento de unas imágenes en las que se puede observar la verdadera gestión que la empresa realiza de los cadáveres de animales, en las que se observa que se tiran los cadáveres a una fosa abierta que se mantiene si cubrir a la intemperie», denunciaron entonces los vecinos. «Una gestión que puede provocar daños a la salud de las personas y al medio ambiente, ya que es generadora de proliferación de moscas y ratas y pone en riesgo a los animales de la zona», añadieron en el escrito de denuncia presentado ante Medio Ambiente, en el que solicitaron una «inspección inmediata» a la granja y «en particular a la zona marcada para confirmar dicha gestión irregular de los cadáveres de animales». También reclaman que “se revise documentalmente si hay registros de gestión de cadáveres a gestores autorizados, ya que creemos que no han realizado ni una sola gestión de acuerdo a lo indicado por ellos mismos».

Los vecinos se refieren a lo que habría indicado la empresa en el estudio de impacto ambiental en relación a la gestión de los animales muertos. «Se almacenan en contenedores específicos y el tratamiento que reciben es la recogida por un gestor autorizado», plasma la promotora en el citado documento ambiental con respecto a las gallinas muertas. 

En el resumen del proyecto de la explotación agrícola que ha podido consultar este diario, la empresa asegura que en relación con la gestión de la eliminación de los cadáveres se cumplirá con lo dispuesto en el reglamento europeo de 21 de octubre de 2009 y en el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre y añade que «el promotor mantiene un contrato, con gestor autorizado, para la retirada y gestión de los cadáveres y otros subproductos animales generados, adecuado a la capacidad de la explotación».

Tanto la normativa europea como el Real Decreto a los que se refiere el informe obligan a incinerar «con o sin procesamiento previo» estos restos animales, si bien establecen algunas excepciones en las que se permitirían los enterramientos ‘in situ’, «bajo supervisión oficial», en zonas cuyo acceso sea «prácticamente imposible», una condición que no cumpliría la granja de Llucmajor.

Este diario ha intentado obtener las explicaciones de la empresa sobre la gestión que realiza sobre los animales muertos, pero ha declinado hacer declaraciones: «Estamos trabajando en los diferentes temas y nos remitimos a los diferentes comunicados que hemos hecho».

Suscríbete para seguir leyendo