Moradores de los pisos ilegales de Cala Llamp impiden a funcionarios de Andratx iniciar la demolición

El proceso de demolición de una docena de apartamentos ilegales en Cala Llamp, un símbolo de la construcción desaforada en este punto costero de Andratx, sumó este martes un nuevo capítulo a un largo laberinto político-judicial que se remonta a hace más de una década.

Se suponía que en la mañana de este martes iban a empezar a realizarse unos trabajos previos por parte del Ayuntamiento andritxol, a fin de preparar el derribo del inmueble, tal y como ordenó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

En concreto, estaban previstas las labores de replanteo y de estudio de disposición de los terrenos, como paso previo a la demolición en sí. Con ese fin, se personaron por la mañana delante de los apartamentos técnicos municipales y una pareja de agentes de la Policía Local.

'Prohibida la entrada'

Sin embargo, allí se encontraron con un cartel en la puerta de entrada, con el siguiente mensaje: ‘Prohibida la entrada sin autorización judicial. Propiedad privada’. En ese momento, algunos de los moradores de los pisos incidieron en la misma idea: sin una orden judicial, no les dejarían pasar.

Cabe recordar que, recientemente, un juzgado de Palma rechazó la orden de desalojo solicitada por el Ayuntamiento para poder acometer estos trabajos de derribo. Y, ahora, el Consistorio está a la espera de recibir una autorización judicial para poder ejecutar esas tareas, que, al menos este martes por la mañana, aún no había llegado.

En todo caso, la alcaldesa Estefanía Gonzalvo confió en que esa orden llegue pronto, ya que, según afirmó, se trata de dar cumplimiento a un mandato judicial de demolición. Gonzalvo aseguró que, entre los dueños de esos pisos, hay sociedades y personas físicas.

Decisión del TSJB

La compleja historia que envuelve a este complejo residencial se remonta a 2011, cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que declaraba nula de pleno derecho la licencia de obras concedida en 2005 por la administración municipal presidida en aquel entonces por el alcalde Eugenio Hidalgo, posteriormente envuelto en un caso de corrupción urbanística, por el que llegó a ingresar en la cárcel.