Bunyola

El Ayuntamiento de Bunyola, se opone a que jóvenes extutelados vivan en el centro del pueblo

PP y Som AVI-El Pi lamentan que la conselleria de Familias y Asuntos Sociales de Catalina Cirer haya adoptado la decisión de ubicar este recurso socioeducativo en el centro del pueblo «sin consensuarla con el Ayuntamiento ni con la ciudadanía»  

Ca ses Monges, en Bunyola.

Ca ses Monges, en Bunyola. / DM

Iñaki Moure

Iñaki Moure

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bunyola (formado por el PP y Som AVI -El Pi) ha rechazado la propuesta del Govern de ubicar en el centro del pueblo una residencia para jóvenes extutelados por la administración, que se situaría al lado de una escoleta municipal.

La semana pasada, cuando la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, visitó el espacio, el alcalde y el resto del equipo de gobierno ya le expresaron su desacuerdo, según remarcó ayer el Ayuntamiento en una nota de prensa. 

El Consistorio conservador instó al Govern, de su mismo signo político, a que «cambie de opinión y desista de la idea de ubicar este centro en Ca ses Monges».

«Ca ses Monges, alquilado la pasada legislatura por los propietarios a la conselleria de Asuntos Sociales, es un espacio en que el Ayuntamiento ya ha manifestado su interés en utilizar para fines municipales», esgrimió el Ayuntamiento, que lamentó que no se haya consensuado esta decisión con la administración municipal ni con la ciudadanía.

El alcalde de Bunyola, Juan Antonio Riera, explicó que le comentó a Cirer su oposición a este proyecto, al entender que «no será bueno para el pueblo de Bunyola».

«Decisión no consensuada»

Riera agregó: «Es una decisión que no se ha consensuado en ningún momento con el Consistorio ni el pueblo. No es el lugar adecuado para acoger este tipo de espacio». En esta misma línea se expresó el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Miquel Ballester (Som AVI - El Pi), quien argumentó que, como gobierno municipal, deben velar por el «bienestar de sus vecinos, y a estas alturas un centro así no tiene cabida».

Tanto Riera como Ballester remarcaron que «no tienen nada en contra de los usuarios del centro» y explicaron que «el lugar donde se quiere ubicar esto es clave y está en una zona muy céntrica del pueblo».

Por su parte, la regidora de Servicios Sociales de Bunyola, Inma Payeras, manifestó que «el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento ya explicó hace meses su intención de recuperar Ca ses Monges para el pueblo». «Incluso hemos hablado con la propiedad y la Conselleria para explicar este interés y recuperar este espacio tan emblemático y significativo para Bunyola y los bunyolins», dijo.

«Apelamos a que el Govern cambie de opinión, porque ubicar este centro en medio de Bunyola no es una buena opción, el pueblo nos ha hecho saber que tampoco está de acuerdo y es una decisión del Ayuntamiento y de los vecinos que se debe respetar», concluyó.

Esta toma de posición del Ayuntamiento bunyolí se produce la semana siguiente de que el Ejecutivo autonómico anunciase que, por primera vez, Balears contará con una «vivienda puente» para jóvenes extutelados o que hayan estado sujetos a una medida de protección. El objetivo de esta instalación será facilitarles «una transición más estable en la vida adulta», según detalló la Conselleria.

14 plazas

El recurso socioeducativo planeado en Bunyola contará con 14 plazas residenciales en un régimen denominado «de baja supervisión, es decir, con una intervención mínima de los educadores, permitiendo desarrollar las herramientas de autogestión y autonomía y fomentar el empoderamiento de los usuarios», explicó este departamento autonómico.

La intervención se limitará, continuó explicando, a proporcionar a estos usuarios asesoramiento laboral o formativo, así como fomentar su tiempo libre mediante «recursos normalizados e integradores» y atender su «cuidado personal y de su entorno más cercano».

Para acceder a este recurso, los jóvenes deben tener entre 20 y 25 años y cumplir con varios requisitos, como encontrarse dentro del sistema de protección de menores de la Comunidad con medida de guarda o tutela

Tampoco pueden disponer de otro recurso de vivienda o de red familiar que se pueda hacer cargo de ellos

El tiempo máximo de estancia en estas plazas residenciales será de doce meses.

La iniciativa, remarcó la consellera Cirer en su presentación, permitirá dar a estas personas «una oportunidad para consolidar un proyecto de vida digna y normalizado».

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