Santa Margalida autorizó el Reggaeton Beach Festival ‘in extremis’ con un informe jurídico en contra

El ayuntamiento de Santa Margalida autorizó por decreto el Reggaeton Beach Festival (RBF) el pasado viernes, a pocas horas del inicio del macroconcierto, a pesar de que el informe jurídico encargado por la institución era contrario a la concesión del permiso debido a la falta de un dictamen favorable de la conselleria de Medio Ambiente. El procedimiento, tramitado como una actividad mayor no permanente, fue firmado por el teniente de alcalde Eugenio Garrido en sustitución del alcalde Joan Monjo, que se había desmarcado de la tramitación «por causa legal» por su presunta vinculación con los terrenos alquilados a la promotora.

Según se plasma en el informe técnico firmado por la ingeniera municipal y un letrado asesor, el 30 de junio la dirección general de Espacios Naturales y Biodiversidad solicitó una serie de documentos con el objetivo de someter el proyecto a una evaluación de repercusiones ambientales, ya que el evento se desarrollaría en una finca anexa al parque natural del Llevant. El 7 de julio el Ayuntamiento envió a Medio Ambiente el proyecto, la descripción de la actividad, un estudio de «impacto acústico» y las medidas para minimizarlo, pero no incluyó la evaluación de repercusiones porque «no existía», ya que el promotor «no había previsto que se pudiera pedir».

La voluntad por encima del rigor transparente

El 12 de julio, debido al silencio de la Conselleria, el asesor jurídico emitió un informe en el que concluye que «a pesar de no existir un informe explícito, la administración municipal no puede, actualmente, autorizar la actividad solicitada». 

A pesar de que es desfavorable a la autorización del festival, el informe jurídico argumenta que «es cierto que se puede culpar al promotor de la falta de documentación o del retraso en su presentación, pero también hay que considerar que es la primera vez que se pide una evaluación de repercusiones para una actividad no permanente a desarrollar fuera del ámbito de un espacio natural» y añade que ningún precedente ha sido objeto de una petición similar, citando como ejemplos las fiestas de la playa de Muro, ubicada a centenares de metros de s’Albufera, o el Rock & Rostoll de Maria de la Salut, que se celebra en un espacio de la Red Natura.

El dictamen advertía también de posibles indemnizaciones a la promotora debido al «cambio de criterio» de la administración a la hora de solicitar el citado estudio de repercusiones ambientales, en el caso de que el Ayuntamiento denegase finalmente la licencia para llevar a cabo el festival. 

No obstante, a pesar de las argumentaciones críticas con la actuación de la conselleria de Medio Ambiente, el letrado llega a la conclusión de que la resolución «deberá ser denegatoria», por lo que «es necesario denegar» la autorización del festival por la falta del informe de repercusiones. 

El decreto de autorización firmado por el teniente de alcalde admite que el informe jurídico es «desfavorable», pero considera que se envió a Medio Ambiente información suficiente sobre el evento y que la petición de un informe de repercusiones «ha sido sorprendente». También afirma, entre otras razones, que la suspensión del festival podría «originar graves problemas de orden público por el descontento de las personas que ya habían pagado la entrada, alquilado habitaciones y viajado a propósito para asistir al RBF».

El PSOE tilda la actuación municipal de «muy grave»

Los socialistas de Santa Margalida calificaron ayer de «muy grave» el hecho de que el Ayuntamiento «haya autorizado el festival sin tener todos los informes». El PSOE añade que «está claro que se ha querido hacer todo de forma muy rápida y sin consenso» e insta al alcalde Joan Monjo a «explicar» el «interés personal» que, según los socialistas, tiene en este polémico asunto.

Además, el grupo municipal socialista también considera «igualmente grave» que el PP, partido mayoritario del gobierno municipal, «calle y se desentienda completamente del tema». 

Por último, critica que el equipo de gobierno PP-Convergència siga sin hacer público el expediente relacionado con la autorización. «Los ciudadanos del municipio siguen sin saber qué les ha costado todo esto en horas de la policía local, brigada o limpieza», apunta el PSOE ‘margalidà’. 

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