La reserva marina del Llevant de Mallorca, sin vigilancia por un conflicto de intereses

La pesca furtiva podría incrementarse en las aguas exteriores de la reserva marina del Llevant de Mallorca por falta de vigilancia. Se trata de un hecho que ha llevado a la Justicia a investigar dicho control. Y es que la empresa de vigilancia medioambiental Escurçó SLU, que es la encargada del control pesquero de dichas aguas, denuncia que dicha reserva se encuentra en la actualidad sin la vigilancia que tradicionalmente es realizada por empresas de seguridad, una situación que podría acarrear el incremento de la pesca furtiva. 

Los hechos se remontan al mes de marzo, cuando finalizó el contrato de dos años, más los dos prorrogables, que mantenía la citada empresa con la secretaría general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una vez transcurridos los dos primeros años, según manifiesta el gerente de Escurçó, Joan Olivella, no se le comunicó formalmente que su contrato no se renovaría y, por ello, se consideraba finalizado. 

La empresa catalana es experta en este tipo de control y en la actualidad asume la vigilancia en cinco reservas marinas del Estado español. También realizaba esta labor en Cala Rajada, donde la empresa pública Tragsa era la encargada de facilitar la embarcación y la tripulación para que los vigilantes pudieran recorrer las aguas exteriores de la reserva en sus labores de vigilancia. 

En un comunicado, la empresa de vigilancia pesquera asegura que esta labor que anteriormente se realizaba en la reserva marina era por parte de la empresa estatal Tragsa, primero de forma directa y después subcontratando a una empresa de seguridad. Así las cosas, Escurçó mantiene que estas dos maneras de obrar están fuera de la legalidad. 

Actualmente, el gerente de la empresa Escurçó asegura que las labores de vigilancia son realizadas por la propia tripulación del personal de la patrullera que gestiona la empresa pública, unas tareas que solo pueden realizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o empresas de seguridad, según sostiene. 

Ante la finalización del contrato el pasado mes de marzo, se despide a la empresa adjudicataria a la que le quedaban dos años de prórroga, explica Olivella, por lo cual, ante las irregularidades en la interrupción del contrato, se decide interponer una denuncia por «intrusismo laboral» en el Juzgado número 2 de Manacor y solicitar «una cautelarísima» a la Audiencia Nacional, que inicialmente se concede a la espera de ver cómo se resuelve finalmente después del recurso interpuesto por el Ministerio.

En la actualidad, según puntualiza Joan Olivella, el Ministerio ha sacado a licitación los dos años que restaban de contrato. Bajo su punto de vista, actúan de esta manera porque «lo hacen con prisa», ya que presenta «bastantes irregularidades». Así las cosas, asegura que su empresa se presentará y no descarta su impugnación. Ahora el juzgado número 2 bajo el procedimiento 573/2023 investigará los hechos.

Por otro lado, la Fiscalía de Cartagena ha abierto diligencia para investigar un posible caso de intrusismo en la vigilancia privada en las reservas de Cabo de Palos y Cabo Tiñoso, con los mismos actores, según informan los compañeros de La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica.

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