Firó de Sóller 2023: Los trabucos alquilados para el Firó también están pendientes de la autorización

La incertidumbre sigue rondando sobre el Firó de Sóller que se celebra este lunes. La fiesta está pendiente de autorización definitiva por parte de la Delegación del Gobierno en las Illes Balears y, con ella, también están en la cuerda floja las armas simuladas que el ayuntamiento de Sóller ha alquilado a una armería de Albacete para participar en el Firó.

Según explicó el alcalde Carlos Simarro, estas armas no podrán viajar desde la Península hasta Mallorca hasta que el Firó no cuente con la autorización administrativa. Señaló que los trabucos y espingardas necesitan de esta documentación para que puedan ser trasladadas legalmente hasta Sóller. Por eso, el alcalde destacó la premura que tiene el ayuntamiento para que se resuelvan todas las cuestiones administrativas del Firó para que las armas de avancarga puedan llegar, y a tiempo, al Firó del próximo lunes.

Mientras tanto, el alcalde seguía ayer en contacto con la Delegación del Gobierno para conocer el estado de tramitación de los permisos administrativos para que puedan participar en la fiesta las armas simuladas.

Un reglamento que está en vigor desde el año 2020 prohíbe el uso de escopetas en actos y fiestas populares. A efectos prácticos esta restricción no se aplicó hasta el año pasado, ya que en los dos anteriores la pandemia hizo imposible la celebración del Firó. Ante la prohibición, el año pasado Sóller solo pudo hacer uso de los 14 trabucos que el ayuntamiento tiene en propiedad. Por eso, este año, el municipio optó por alquilar más armas de este tipo para que hubiera una treintena en total para el Firó, pero la falta de autorización impide que las 15 armas alquiladas puedan ser desplazadas hasta Sóller.

Incertidumbres

El Firó de este año viene cargado de incertidumbres. La aplicación del reglamento de 2020 obliga este año a crear unos espacios acotados para disparar las armas históricas, algo que no ha gustado a los organizadores de la fiesta que incluso han renunciado a su organización. Delegación del Gobierno alega que la incorporación de estas medidas obedecen a garantizar la seguridad ciudadana en una fiesta que reúne a 8.000 personas.