Segundo cable de Mallorca: El Defensor del Pueblo descarta que sea nocivo para la salud

En un escrito de contestación al requerimiento efectuado por un vecino de Alcúdia, la oficina del Defensor del Pueblo asegura que el segundo cable eléctrico procedente de la península no afectará a la salud de los vecinos. La misiva, firmada por Patricia Bárcena, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, aconseja que «en relación a los campos electromagnéticos se consulte la información que suministran las autoridades sanitarias y científicas, según la cual en la actualidad no existe evidencia científica de que si se cumplen los niveles de exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM) se produzcan efectos nocivos para la salud».

El escrito añade que «la regulación actual sobre el uso del dominio público radioeléctrico y control de los niveles de emisión se ajusta a las recomendaciones adoptadas por los organismos internacionales competentes en la materia e incorpora el principio de precaución en la delimitación y fijación de los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas». Asimismo, insta al vecino que formuló la denuncia a dirigirse a la jefatura provincial de Inspección de las Telecomunicaciones cuando la línea eléctrica «se ponga en funcionamiento» para «solicitar información sobre los niveles de exposición a las emisiones radioeléctricas existentes en la zona donde reside o cualquier otra, incluida información relacionada con los efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud».

El documento remitido por el Defensor del Pueblo entra a analizar las alegaciones presentadas en la denuncia vecinal, a pesar de que no ha admitido la queja a trámite por haber superado el plazo máximo de un año a partir del momento en que el reclamante tiene conocimiento de los hechos. «La declaración de impacto ambiental a la que usted se opone se publicó en el BOE en el año 2021, es decir, superado ampliamente el plazo de presentación», argumenta el escrito oficial.

No obstante, en relación a los impactos negativos del proyecto en un espacio protegido planteados por el denunciante, la citada institución apunta que «cabe aclarar» que el hecho de que un proyecto afecte a un lugar incluido en la Red Natura 2000 «no significa que no pueda acometerse» y que, en este caso, la ley obliga a valorar una serie de cuestiones como los efectos apreciables sobre el espacio protegido «teniendo en cuenta sus objetivos d e conservación» y a «adoptar medidas compensatorias si las conclusiones de la evaluación fueran negativas, siempre que no existan soluciones alternativas y cuando concurran imperiosas razones de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica».

En el caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural o una especie prioritaria, «únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, con consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente u con otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea». 

El contenido de la respuesta no es compartido por el vecino denunciante, que ha advertido «ciertas discrepancias entre su pronunciamiento y lo que se le interesaba», por lo que «se prevé contestar al mismo».

La plataforma vecinal acusa a la institución de estar politizada

La plataforma Vecinos de Alcúdia contra el Cable ha expresado su «decepción» por la respuesta del Defensor del Pueblo a la denuncia planteada de forma individual por un vecino vinculado al colectivo y añade que «se trata de otra institución pública politizada». Así, los vecinos reprochan que «en ningún momento menciona la recomendación del propio Ministerio para la Transición Ecológica aparecida en el BOE» de que este tipo de instalaciones eléctricas deben mantener «una distancia mínima de 200 metros de los núcleos urbanos». 

La plataforma añade que el escrito «tampoco habla de normativas de otros países europeos más avanzados que el nuestro, donde la exigencia técnica es mucho mayor» en lo que se refiere a la distancia del cable de las zonas urbanas. «No encontramos ayuda de nuestros representantes públicos, y el Defensor del Pueblo es una pruebas más», lamenta el colectivo vecinal. 

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