En la Mallorca del confort vacacional y el alquiler turístico de comportamiento abusivo, las casas que deberían ser anónimas y seguras para los residentes estables –los trabajadores de los servicios hoteleros– ya no se vuelven inhóspitas por defecto material o deficiencia estructural, lo hacen por amaño administrativo, afán comercial o fluctuación de la propiedad. Antes podía echarte de casa la ruina, hoy resulta mucho más probable que lo hagan los papeles.
El efecto crónico de la problemática de la vivienda en Mallorca no es causa suficiente para restarle importancia o dramatismo, dado que demasiada gente lo padece en carne propia y porque todo el mundo tiene derecho, humano y legal, a un techo digno. Pero la dificultad de su obtención se vuelve indigna. Ahí está el drama.
Nuevos casos como el de los inquilinos de Paguera que se cuenta en esta misma página vienen a ratificarlo. Contratos de alquiler presuntamente vencidos y también presuntamente ilegales son manejados a conveniencia de parte entre presiones de una nueva propiedad para el desalojo de las viviendas. Todo ello en el despegue de la temporada turística, cuando más demanda hay y en un lugar en el que los habitáculos con el espacio mínimo imprescindible tienen un precio medio de 900 euros. Es ya el pan nuestro, más bien el mendrugo, de cada día.
Las intervenciones de la Administración, entre un mercado feroz, son insuficientes y a largo plazo. Tampoco se observa sensibilidad y corresponsabilidad social, con todo lo cual, no se observa resquicio para la solución.
Es un macroproblema económico y demográfico que se vuelve el residente dominante en Mallorca.
