Calvià

Urbanismo en Mallorca: Éstas son las expropiaciones previstas en Calvià

El nuevo plan general prevé procesos expropiatorios en el Fortí d'Illetes, el circuito de kárting y el recinto del antiguo Aquapark

Entrada al Fortí d'Illetes

Entrada al Fortí d'Illetes / Juan Luis Iglesias

Iñaki Moure

Iñaki Moure

En la presentación del nuevo plan general, el ayuntamiento de Calvià anunció no sólo la posible expropiación del Fortí d’Illetes, sino también del circuito de karting y el recinto del antiguo Aquapark (parque acuático que lleva años cerrado) para recuperar la zona húmeda de la Marina de Magaluf. Un estudio económico municipal cifraba en unos 22 millones de euros esas operaciones.

A ello hay que unir otra noticia reciente de indemnización millonaria. El ayuntamiento de Calvià tendrá que pagar casi 11 millones de euros por la expropiación de una franja costera de 18.000 metros cuadrados conocida como Punta Nadala o Torre Nova, que está situada entre Palmanova y Magaluf y que es una de las pocas ventanas naturales que quedan sin desarrollar en el masificado litoral de esta zona.

Para hacer frente a este pago, el gobierno municipal ha tenido que hacer una modificación presupuestaria para extraer 6,9 millones de sus ahorros y abonar así esa cantidad cuanto antes para evitar tener que pagar los intereses procesales.

 El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dio por bueno el justiprecio de 10,9 millones de euros que, en su día, estableció el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa por la incorporación de esta valiosa parcela al patrimonio municipal.

Año 2000

El origen de este asunto se remonta al año 2000. En aquel entonces, el plan general urbanístico previó la incorporación de esos terrenos al patrimonio municipal como espacio libre público. En 2007, la propiedad instó al Ayuntamiento a iniciar el correspondiente expediente de expropiación, cifrando el precio de la operación en una cifra astronómica: en torno a los 70 millones de euros. Posteriormente, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa estableció un justiprecio de casi 11 millones, alejados todavía de los 3,8 millones que proponía el ayuntamiento de Calvià. En esa tesitura, ambas partes presentaron sendos recursos, que ahora han encontrado respuesta en la resolución del TSJB.