Buscar un equilibro entre el fomento de las energías renovables y el mantenimiento de la producción agrícola es la misión de la conselleria de Agricultura, una conselleria que es pionera en el Estado porque es la única comunidad donde el departamento de política agraria debe informar de manera preceptiva y vinculante cuando los parques fotovoltaicos ocupen más de cuatro hectáreas. De momento, entre el periodo 2019 y 2022, el departamento de Mae de la Concha ha autorizado en suelo rústico catorce parques solares que suman 205,6 hectáreas, unas hectáreas ocupadas por energías renovables que se han compensado con los denominados «agrocompromisos» para impulsar cultivos en 173 hectáreas.
Los parques fotovoltaicos de más de cuatro hectáreas solo se autorizan sin compensación en terrenos de bajo valor agrario, donde el aprovechamiento agrario es limitado. Se calcula que este tipo de suelo supone un 17% de la superficie de las islas. En caso de los terrenos con valor agrario intermedio, para obtener la autorización debe haber una compensación con cultivos profesionales con un margen bruto de explotación similar al ocupado por la instalación energética.
Este enero la conselleria ha actualizado los criterios y esta compensación para autorizar instalaciones fotovoltaicas obliga a los promotores a firmar este “agrocompromiso” solo con explotaciones profesionales. «Esto es muy importante para la payesía», enfatiza el director general de Agricultura, Fernando Fendández. Y es que será el payés quien decida qué tipo de plantación le interesa. Otra modificación, prosigue, tiene que ver con la forma de calcular la compensación que ahora se hace con criterios de margen bruto económico de las explotaciones para favorecer que las compensaciones sean sobre cultivos de más valor. Hasta ahora, la superficie de compensación se equiparaba por hectáreas. Una tercera modificación es que las medidas de complementariedad o compensación se ha incorporado al plan de vigilancia ambiental de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Una cuarta mejora es la creación del registro de agrocompromisos que está en el Servicio de Agricultura de la conselleria.
Así, el agricultor se compromete a explotar estos cultivos compensatorios por el mismo tiempo que dure la concesión del parque fotovoltaico que suele ser de 25 años y será la comisión de medio ambiente la que supervisará dicha continuidad. La compensación se puede hacer en la misma explotación o con la puesta en producción o reconversión de parcelas de una explotación ajena con la que se haya alcanzado un agrocompromiso. «Las islas son pioneras por haber logrado establecer un mecanismo técnico para delimitar donde ubicamos los proyectos de parques que se presentan», explica Fernández que remarca «el peso» que tiene la conselleria de Agricultura sobre la decisión tomada, algo que no ocurre en el resto de comunidades.
Funcionalidad
«La instrucción funciona», celebra el director general que calcula que se suele dar un informe positivo a entre un 55 y un 60% de los proyectos mientras que un 30% suelo contar con uno desfavorable mientras que en un porcentaje que ronda el 15 o el 20% es el promotor que desiste. «En estos dos años hemos logrado firmar compromisos por casi 180 hectáreas que supone el 85% de las superficies que se han utilizado para ubicar parques fotovoltaicos. Por ahora es una buena forma de complementariedad. La conselleria hemos dado un paso adelante, hemos tratado de poner soluciones y creo que vamos en un camino adecuado», afirma Fernández. "Poco a poco, los promotores van entendiendo la mecánica y van llevando las instalaciones hacia los niveles que nos interesa como sociedad".
Lo que hace la instrucción es desarrollar lo que establece la Ley Agraria Balear que apuesta por ubicar los parques fotovoltaicos en terrenos de bajo valor edafológico y en su lugar hacer integrar la actividad agrícola con la energética.
Estudio de la UIB
A partir de un estudio de la UIB, la conselleria ha clasificado los suelos en seis categorías. Los niveles 1 y 2 son de alto valor agrario donde no se pueden instalar parques solares a excepción de que sean proyectos innovadores como es el caso de invernaderos con placas solares. Los de valor intermedio (3, 4 y 5) requieren un proyecto de compensación o complementariedad de usos mientras que los de bajo valor agrario (nivel 6), que suponen entorno al 17% de la superficie de las islas, son aptos si cuentan con el visto bueno de la comisión balear de Medio Ambiente. La UIB continúa este estudio con el fin de elaborar una cartografía de suelos que será una “herramienta básica” a la hora de determinar en qué suelos se pueden ubicar determinadas instalaciones. Estará listo en 2024.
