Los payeses de Mallorca, “al límite”: 10 megaparques solares ocuparán hasta 3,5 kilómetros cuadrados de terreno agrario

La proliferación de grandes parques fotovoltaicos ha puesto “al límite” la paciencia de entidades ecologistas y agrarias de Mallorca, que advierten contra el recientemente aprobado real decreto ley estatal que facilita la tramitación de estas instalaciones. Desde Vicepresidencia y conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática se aclaró que esa medida no se aplicará en Balears, donde se seguirá exigiendo la preceptiva evaluación medioambiental.

Parques solares en suelo agrario

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En la actualidad, se tramitan o proyectan “más de 60 centrales fotovoltaicas en suelo rústico en Mallorca”, según advirtieron este viernes desde Amics de la Terra Mallorca, Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA), GOB Mallorca, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Extintion rebelion, Fridays for Future y Terraferida.

De acuerdo a la información proporcionada por Apaema, las 10 instalaciones más grandes ocuparán hasta 3,5 kilómetros cuadrados de terreno agrario o forestal.

“La urgencia de la transición hacia una energía renovable no se puede hacer a cualquier precio”, sostienen estos colectivos, que apuntan que esta preocupación se está extendiendo entre los movimientos sociales “y se están preparando movilizaciones más amplias”.

Macroparques solares en Mallorca: ecologistas critican que no pasen la evaluación ambiental

Estas entidades no entienden que muchos de estos proyectos liderados por empresas energéticas y grandes corporaciones se consideren “proyectos industriales estratégicos”, como el caso reciente de la infraestructura prevista en Inca y Selva. El último Consell de Govern declaró proyecto industrial de interés estratégico el parque fotovoltaico Fenix Energy, que constará de 74.520 paneles solares.

Asimismo, como ya informó este diario, alertan de las consecuencias de la norma aprobada el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados “que reduce todavía más los pocos requisitos ambientales, eliminando, incluso, la fase de participación pública”.