Capdepera

Unides Podem se desmarca de sus socios y rechaza el nuevo párking de Cala Agulla

Pese a que en un primer momento la enmienda fue firmada por los tres partidos de izquierda, desde Unides Podem aseguran que reconsideraron después la decisión al ver lo que implicaba el proyecto

Iñaki Moure

Iñaki Moure

Unides Podem se desmarcó del PSOE y de Més, y votó en contra de la enmienda a la modificación de la Ley de Espacios de Conservación Ambiental (LECO) que posibilitará una nueva zona de aparcamiento en el entorno rústico de Cala Agulla (Capdepera), en sustitución de la anterior, clausurada por situarse en un Área Natural de Especial Interés (ANEI). Esa enmienda se debatió en la ponencia del Parlament celebrada el pasado miércoles.

Pese a que en un primer momento la enmienda fue firmada por los tres partidos de izquierda, desde Unides Podem aseguran que reconsideraron después la decisión al ver lo que implicaba el proyecto. «Fue un error. Cuando vimos en qué consistía, preferimos retirar la firma», señalaron fuentes de la formación. Esas fuentes explicaron que Unides Podem no está en contra de que se habilite un aparcamiento, pero rechaza la ubicación de la zona elegida.

Cerca de la playa

Unides Podem considera que se ubica en un área cercana al entorno natural protegido de la playa;una zona de protección que en un futuro podría ser susceptible de ampliación. Este partido sostuvo que deberían estudiarse otras localizaciones, o bien explorar fórmulas alternativas, como un sistema de buses lanzadera. Reconocieron las mencionadas fuentes que éste es un sistema que al principio genera protestas de los usuarios, pero que logra «reducir la presión sobre el medio natural y litoral». Otro punto que no acaba de convencer a Unides Podem es que el solar elegido no es público, lo que supondrá un coste extra para la administración. 

La asociación vecinal de Son Jaumell se ha opuesto a este proyecto, al entender que acabará destruyendo más terreno colindante a la «ya tan deteriorada Cala Agulla». Los ecologistas del GOB sostienen que el acuerdo del Ayuntamiento que inició el proceso se hizo sin ningún tipo de criterio «técnico o jurídico».