El pleno municipal de Calvià ratificó este jueves el acuerdo por el cual los diferentes grupos políticos reciben una subvención total de 66.400 ayudas para su funcionamiento interno. Esas ayudas se repiten cada año desde hace legislaturas. En el siguiente ejercicio, deben justificar en qué se han gastado ese dinero.

En total, cada grupo político recibe al año 1.880 euros, mientras que cada regidor percibe anualmente 2.850 euros. El pago se divide en dos semestres, a fin de «respetar más fielmente la representación política», teniendo en cuenta que 2023 es un año electoral y pueden entrar y salir nuevos grupos en función de los comicios.

Durante el debate plenario, la regidora del partido de ultraderecha Vox Juana María Prats se opuso a este acuerdo. «Creemos que es un gasto prescindible y, por eso, votamos en contra», argumentó. El alcalde socialista Alfonso Rodríguez Badal calificó esta postura de «demagogia electoralista». «Desde hace muchos años, existe esta dotación presupuestada. En 2020, casi todos los grupos renunciamos a la totalidad de los dos semestres de esta dotación para ayudar a paliar los efectos de la pandemia a través del departamento de Desarrollo Social. En cambio, el PP y Vox no renunciaron a esa dotación económica del segundo semestre que sí hicimos el resto de grupos», respondió. 

Además, Rodríguez Badal recordó que, cuando un grupo político municipal recibe una subvención, debe justificarla «detalladamente». «Estamos en noviembre y las elecciones son en mayo, lo suyo es electoralismo puro y duro», afirmó. 

25-N

En la sesión plenaria, por otra parte, dos miembros del grupo de sororidad y apoyo mutuo de mujeres mayores de 50 años leyeron un manifiesto con motivo del 25-N, Día de lucha contra la violencia contra las mujeres. Se leyó antes del debate de la moción presentada conjuntamente por PSOE, Podemos-Més, PP, grupo Mixto y concejala no adscrita, de la que un año más se desmarcó VOX.

Mientras, el Grupo Popular, que estrenó portavoz municipal, Rosa García, presentó una moción para que el Ayuntamiento instase al Gobierno central a no revisar el delito de sedición «beneficiando así a los políticos independentistas». La iniciativa fue rechazada por la mayoría gobernante. Tampoco prosperó otra moción popular que pedía que se condenasen las supuestas declaraciones de la directora insular de Turismo del Consell recogidas en el diario ‘The Sun’, en el sentido de que el turismo británico no era bienvenido.