La posibilidad de que el Castell d’Alaró sea público está en manos del Consell, que ha vuelto a reiterar su oferta de un millón de euros a la familia Ordinas. De nuevo, se ha rechazado pero en este caso los propietarios han trasladado a la consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcías, su «compromiso» de que si la institución insular iguala la oferta privada de 2,1 millones de euros, «el Castell d’Alaró será público y de todos los mallorquines». «Si el Consell quiere el Castell, el precio es 2,1 millones y tienen mi palabra que se lo venderé», admite el abogado Miguel Ángel Ordinas, hijo del propietario del Castell d’Alaró desde 1999, Lorenzo Ordinas.
En la reunión «de urgencia» convocada el martes, la familia Ordinas recordó a la institución insular que dos inmobiliarias tienen desde hace meses la finca en venta por 2,5 millones y que sobre la mesa hay una oferta de un alemán afincado en Alaró por 2,1 millones. La familia tiene hasta el 31 de enero de 2023 para aceptar esta oferta en cualquier momento pero aún no han dado el sí porque las inmobiliarias no descartan encontrar una oferta superior. Así se lo transmitió la familia propietaria a la consellera Garcías. «Le reiteré que somos una familia mallorquina y nuestro deseo es que esta finca declarada monumento histórico artístico y BIC sea pública. Estamos ante una oportunidad histórica porque desde que se subastó en 1885 (ahora hace 137 años) puede volver a ser pública y de todos los mallorquines, por ello, le transmití mi compromiso, mi palabra de que si el Consell iguala la oferta de 2,1 millones el Castell será público», relata Ordinas.
Así, ahora depende del Consell de Mallorca decidir si el Castell d’Alaró pasa a manos extranjeras o vuelve a manos públicas. En términos económicos, la actual oferta de la institución insular contempla pagar 1,7 euros el metro cuadrado. La oferta privada abona 3,6 euros el metros cuadrado. La diferencia sale a 1,9 euros el metro cuadrado. Así la familia Ordinas invitó a la consellera a reflexionar si valía la pena quedarse con el Castell d’Alaró pagando 1,9 euros más por el metro cuadrado.
La cesión de las muradas del Estado al Consell está bloqueada
En cuanto a las murallas, la cesión del Estado al Consell está bloqueada. “La consellera me confirmó que hace unos días el Estado les notificó que la cesión de las murallas al Consell estaba bloqueada porque el registro de la propiedad no admite la inscripción de las murallas a favor del Estado para hacer la posterior cesión a la institución insular porque las murallas están inscritas a favor de la familia Ordinas. “El Registro de la Propiedad exige que la propiedad del Castell, que somos nosotros, aceptemos la inscripción a favor del Estado”, argumenta Ordinas que se remite a la respuesta que el Senado dio al senador Vicenç Vidal de que la cesión está bloqueada sine die hasta que no se solucione lo del registro. Toda esta información, cuenta Ordinas, se la trasladó la consellera que le reiteró la necesidad de que la propiedad privada de su consentimiento. “Me volvió a exigir que reconozca ante el registro de la propiedad que las murallas son del Estado. Mi respuesta fue muy clara. Le recordé que a excepción del oratorio y la hospedería, el resto de la montaña incluido las torres, las murallas, los aljibes, la cova de Sant Antoni y el resto de construcciones de la antigua fortificación es propiedad privada, por lo tanto, cualquier intento del Estado de inscribirse las murallas en su nombre tendrá la respuesta de la familia con acciones judiciales, algo que ya le había dicho en agosto”, desvela la familia.
