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Riesgo permanente para el patrimonio

Existen motivos de sobra para andar escamados. La experiencia va demostrando una y otra vez que las normativas proteccionistas del patrimonio material son insuficientes y que el catálogo de bienes a preservar necesita una ampliación y revisión constante.

Es así porque no todas las instituciones, los ayuntamientos más en concreto, tienen la misma sensibilidad ni celo en relación a su responsabilidad de salvaguardar el patrimonio público, incluyendo los bienes particulares singulares. Pesan intereses desiguales que llevan a aplicar o desatender, según el caso, la norma de forma distinta.

El ejemplo, aún polvoriento, está en la demolición no autorizada pero sí tolerada del hotel Formentor con un ayuntamiento de Pollença que viene a ejercer de ejecutor pasivo. Es precisamente esta experiencia la que lleva al consistorio de Esporles a adoptar una actitud radicalmente distinta frente a la compra de Sa Granja por parte de un grupo inversor extranjero con el fin de convertirla en un hotel de lujo. El Ayuntamiento reivindica la declaración de BIC para una finca que, aparte de otros valores, cimenta su interés sobre un monasterio cisterciense del siglo XIII y pasa por albergar un tejo catalogado como el árbol más anciano de Balears. Con el reconocimiento BIC las instituciones siempre tendrían la carta de tanteo y retracto frente a eventualidades no deseables.

En unos días en los que una vieja foto del Franco también nos ha hecho descubrir un yacimiento prehistórico desaparecido en el Puig Major, sigue quedado claro que el patrimonio de Mallorca lleva tiempo a la intemperie con el resguardo solo de personas sensibilizadas y una legislación que no siempre se aplica en los términos en que ha sido concebida. El riesgo de pérdida es permanente.

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