El aparcamiento disuasorio proyectado en unos terrenos rústicos de Can Cera por el ayuntamiento de Sóller no se materializará. La calificación urbanística actual y las dificultades de modificar el Plan General harán decaer una iniciativa con la que el equipo de gobierno preveía crear un estacionamiento en la entrada de Sóller con capacidad para cien turismos.
Los servicios técnicos municipales alertaron al equipo de gobierno de que la creación del aparcamiento requiere una modificación del planeamiento urbanístico ya que el espacio en el que se había proyectado tiene la calificación de suelo rústico. A efectos prácticos no se puede crear a no ser que se cambie el PGOU.
El concejal de Urbanismo, Jaume Bestard, ha reconocido que existen obstáculos técnicos y jurídicos para materializar la creación del aparcamiento de Can Cera, al tiempo que también ha dejado entrever discrepancias internas en el seno del equipo de gobierno en relación a esta cuestión. En cuanto a los problemas técnicos, ha señalado que una recalificación urbanística del terreno, con la que suelo rústico pasaría a ser equipamiento, debería ir acompañada por la compra de los terrenos. Esto se explica porque la normativa obliga a las administraciones a adquirir la propiedad de todos aquellos suelos particulares que están calificados como equipamiento público. De no hacerlo Sóller incurriría en un caso idéntico al del Infante Lois, por lo que sus propietarios podrían exigir sus derechos ante la administración su expropiación forzosa.
Por ello, Bestard ya da prácticamente por perdida la posibilidad de crear el estacionamiento en la entrada de Sóller desde la calle Isabel II. Tampoco ha contado con el apoyo del resto de socios del equipo de gobierno, algo que el concejal ha reconocido y por lo que no ha ocultado cierto malestar.
Evitar más expropiaciones
El Ayuntamiento quiere evitar verse inmerso en otro proceso por el que un particular insta al ayuntamiento a la expropiación de un bien por el hecho de que la calificación urbanística los considera equipamientos. Se trata de un tema que en Sóller ya ha derivado en tres expropiaciones obligadas que han supuesto millones de euros. Por esta vía Sóller tuvo que expropiar el campo de deportes Infante Lois por el que tuvo que pagar más de ocho millones de euros. También pagó otros 400.000 euros por un huerto afectado por la construcción de un vial y otro tanto por una parcela privada que el PGOU la calificó de zona verde privada.
