El GOB avisa este viernes al ayuntamiento de Capdepera que podría cometer un delito de prevaricación si ampara la habilitación de un nuevo aparcamiento en suelo rústico de Cala Agulla, un proyecto que, según el grupo ecologista, ha vuelto a activarse después de que en 2018 se comprase la parcela colindante al actual aparcamiento ilegal para desarrollar la misma actividad con una declaración de interés general.
Así, el colectivo explica que hace cuatro años los propietarios del actual aparcamiento rescindieron el contrato con la entidad que explotaba el equipamiento, que a su vez compró los terrenos colindantes para trasladar la actividad a la nueva parcela, donde se ejecutaron movimientos de tierra «sin permiso» que fueron denunciadas por el GOB en su día.
Posteriormente, el promotor desistió de la petición de interés general. Sin embargo, este pasado mes en una comisión plenaria del Ayuntamiento «se consensuó una alternativa al aparcamiento actual, en una ubicación que coincide, sorprendentemente, con la parcela sobre la que tiempo atrás se había tramitado el interés general», calificada como suelo rústico general y ubicada en un ANEI y en la zona de servidumbre de protección de Costas.
Acuerdo «inadmisible»
El GOB considera «inadmisible» el acuerdo municipal, que podría considerarse como prevaricación administrativa porque «la alternativa propuesta no está justificada en absoluto más allá de la conveniencia por parte de la actual propiedad de los terrenos que los compró ya con la intención de explotar el nuevo aparcamiento de Cala Agulla».
Según explican, la aprobación municipal incluye una serie de requisitos para el futuro aparcamiento, que tendrá una capacidad máxima de 450 vehículos y contempla el uso de una construcción existente para ubicar los servicios del equipamiento. También se prevé preservar la zona de pinar y la siembra de nuevos árboles.
Respecto al actual aparcamiento, los ecologistas recuerdan que desde hace más de 40 años reclaman su cierre por estar ubicado en una zona protegida y que el PORN del Llevant en tramitación ya contempla su eliminación y la restauración ambiental de los terrenos.
