Los propietarios de la pista de pádel de Biniali sobre la que pesa una orden de demolición emitida por el ayuntamiento de Sencelles el pasado 25 de julio presentaron el pasado jueves un recurso contencioso-administrativo contra la notificación de la orden de alcaldía que ordena el derribo de la construcción levantada sin licencia y el restablecimiento de la realidad física alterada en la parcela donde se ubica la instalación deportiva, en la calle Fiol de la localidad de Biniali, declarada en su conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico.
Asimismo, los propietarios, representados por el letrado Juan Alemany Garcías, solicitan al juez la adopción de medidas cautelares ordinarias contra el acuerdo municipal y la suspensión del acto administrativo por el que se ordena la demolición de la pista de pádel al considerar que su ejecución «produciría un grave perjuicio» a la propiedad «de muy difícil o imposible reparación» y que el recurso presentado «dejaría de tener sentido» porque, según argumenta el escrito presentado al juzgado, supondría un «peligro evidente» para los intereses de la propiedad y para el objeto principal del litigio, que «es precisamente discutir jurídicamente sobre la legalidad o no de la orden de demolición de la pista».
En este sentido, apunta que los intereses en juego «son claros en el presente caso y totalmente desequilibrados» respecto a los intereses de la propiedad y a los del Ayuntamiento, institución a la que «no le produce inicialmente ningún tipo de perjuicio económico el hecho de suspender la ejecutividad del acuerdo de la orden de demolición».
En el recurso, el representante legal de la familia propietaria alega que la pista de pádel se construyó sobre una antigua pista de tenis que «siempre estuvo integrada en la zona paisajística de Biniali» y que «no ha producido ningún tipo de perjuicio para el vecino» que ha denunciado la instalación. Además, sostienen que la anterior pista de tenis «se construyó con anterioridad a la declaración de Bien de Interés Cultural».
Cabe recordar que la propiedad ya presentó un proyecto de legalización de la pista de pádel que fue denegada por la comisión insular de Patrimonio Histórico del Consell en base a un dictamen técnico que informó de forma desfavorable a la regularización de la instalación. Desde la declaración de Biniali como BIC de máxima protección y la posterior aprobación del Plan Especial de Protección para preservar los valores arquitectónicos del ‘llogaret’, «nunca se ha considerado que el núcleo de Biniali tenga unas características que puedan absorber este tipo de instalaciones», apunta el informe del Consell, que añade que el proyecto que se pretende legalizar «presenta características que lo hacen totalmente poco adecuado para el lugar donde se ubica» y provoca un elevado impacto visual en el conjunto arquitectónico de Biniali.
El pasado 25 de julio, el ayuntamiento de Sencelles emitió la orden de restablecimiento de la legalidad física alterada en la que insta a la propiedad a derribar la estructura sin necesidad de solicitar una licencia de demolición. Además, advierte que el incumplimiento de la orden de derribo supondrá la imposición de hasta doce multas coercitivas con una cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras realizadas, con un mínimo de 600 euros. También se reserva la posibilidad de ejecutar el derribo de forma subsidiaria a costa de la propiedad.
