Cerca de Son Ferrer (Calvià), se erige aún un símbolo decrépito del despropósito en que a veces incurren las obras públicas. La planta desaladora que se habilitó deprisa y corriendo a principios de este milenio para paliar los problemas de falta de agua ofrece una estampa que no va en consonancia con el Calvià que vive de su imagen turística, que es destino de miles de visitantes cada año y que es un paraíso inmobiliario que encabeza todos los rankings estatales.
A ojos del visitante, la instalación aparece como un mamotreto en medio del campo revestido de grafitis de todos los gustos y colores, y como un lugar frecuentado por amantes de los espacios abandonados. Tuberías rotas, maquinaria maltrecha y un espacio vacío que antes ocupaba la enseña de la Comunidad pueden apreciarse a simple vista, junto a una pared tapiada en la que se ha abierto un agujero para seguir merodeando por esas dependencias vacías.
La de esta desaladora es una historia convulsa, que llegó a tener ramificaciones judiciales; una historia que adquiere carácter noticioso en un momento en que la isla sufre la falta de lluvias y son muchos los municipios que se han visto obligados a adoptar medidas restrictivas (el último, Manacor, reduciendo a la mitad el riego de jardines municipales).
Año 2000
Fue en junio del año 2000 cuando el Consell de Govern acordó declarar la emergencia de la instalación de la desaladora portátil de Son Ferrer, declarando también urgente la ocupación de los terrenos necesarios. En aquella época se pusieron en marcha otras plantas de estas características ante la grave sequía que ahogaba a Mallorca. Eran los años en que se llegó a poner en marcha la Operación Barco para traer agua de la península almacenada en grandes buques, una idea que promovió el entonces ministro socialista de Obras Públicas, Josep Borrell.
En sus primeros años, según datos extraídos de la web de la conselleria de Medio Ambiente y Territorio, generaba una producción de agua desalinizada en torno a los dos millones de metros cúbicos anuales.
Al principio, los vecinos de la zona vieron con buenos ojos la infraestructura. El agua que salía de sus grifos era de mucha más calidad.
«Antes el agua tenía una cantidad de cal impresionante, lo que a su vez provocaba múltiples averías en las instalaciones y electrodomésticos que emplean el agua como termos, lavadoras, lavavajillas… Una vez se puso en funcionamiento la calidad del agua mejoró de manera impresionante, esto lo agradecimos los vecinos de la zona que nos percatamos de la gran diferencia que supuso la puesta en marcha de la instalación», recuerda un vecino.
Pero enseguida aparecieron los problemas, en forma de ruidos y vibraciones, que sometían a tal tormento a los vecinos que gente del lugar recuerda que una mujer abandonó su casa de Son Ferrer para volverse a la península ante las molestias que sufría.
Resolución judicial
Una asociación vecinal de Son Ferrer llevó el caso a los tribunales, que le dieron la razón. En 2004, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma ordenó al ayuntamiento de Calvià que cerrase la desaladora instalada por la conselleria de Medio Ambiente. La sentencia declaró «ilegal» la instalación por carecer de licencia de instalación y de actividad y por estar a escasos 100 metros de un núcleo de población. También hubo un reproche judicial para el Consistorio socialista de aquel entonces por no responder ante las quejas vecinales. Casi dos décadas después, la planta sigue sin ser desmontada, y es sólo un atractivo para los amantes de los espacios abandonados.
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