Diecisiete años después el polígono de Manacor ya no tiene apellido. Es decir que deja de ser puramente industrial (un caso que era ya único en Mallorca) para poder admitir otros usos de forma legal. Las normas urbanísticas ya admitirán a partir de ahora tiendas, despachos de administración privados, usos recreativos como gimnasios, talleres, bares, almacenes o espacios tecnológicos.
Este jueves la Asamblea General de la Asociación de Propietarios y Usuarios del Polígono de Manacor (APPIM), además de aprobar las actuaciones ejecutadas durante el último ejercicio y el presupuesto de la entidad, se presentaron las nuevas posibilidades que marca el nuevo Plan General urbanístico. De hecho la asamblea contó con la participación de la concejala de Urbanismo, Núria Hinojosa, Francisco Martorell y Alejandro Sáenz de San Pedro, presidente y gerente de ASIMA. Así como del presidente de APPIM, Domingo Martí.
En 1984, el Plan Parcial del Polígono de Manacor marcaba unos usos muy delimitados, principalmente industriales. En 2005 la APPIM solicitó ampliación a través de la modificación de normas subsidiarias. Una demanda que prosiguió en 2013 con el apoyo expreso de los 33 asociados.
«Han sido muchas las gestiones a través de reuniones, cartas y alegaciones, así como un informe arquitectónico, siempre con el apoyo de ASIMA y CEPE (Confederación Nacional de Polígonos Industriales)», explicó Domingo Martí. Finalmente a finales de 2021 el ayuntamiento manacorí aprobó la propuesta, eso sí con una limitación de los usos compatibles (comercial, administrativo privado, recreativo, tecnológico…) al 49% del espacio.
«Queremos dar las gracias a todos los miembros de las diferentes juntas directivas y asociados que contribuyeron a la tarea de defender la ampliación de usos del polígono. La Asociación ha conseguido finalmente normalizar la situación comercial de propietarios y usuarios». Cabe recordar que la Asociación de Propietarios y Usuarios del Polígono de Manacor, con sede en el Centro Tecnológico Balear de la Madera, se constituyó en 1990 con el objetivo de fomentar la cooperación y colaboración con la administración pública, para la buena conservación y mantenimiento de los servicios del polígono, que actualmente está conformado por 98 empresas en las que trabajan más de 1.300 personas con un total de facturación de 393,82 millones de euros.
