Se perciben bastantes incongruencias y algo de mala conciencia –en el supuesto de que la Administración pueda estar dotada de capacidad racional– en el eterno y desesperante proceso de cesión de las murallas del castillo de Alaró. Pero, dado que el sentido práctico es el mejor antidoto frente a la burocracia pública, apreciaremos, no sin cierto escepticismo, que el proceso llega a su fin y que lo que queda de la ya tambaleante defensa del Castell ha podido resistir un pasotismo más agresivo que la sucesión de afrentas históricas.
Ello no nos priva, sin embargo, de asombrarnos por el hecho de que el ministerio de Cultura exija a estas alturas al Consell, como condición para la cesión, el compromiso de restauración que él estaba obligado a ejecutar desde hace décadas. También percibimos, aunque esto no conste en los documentos y declaraciones oficiales, que si Gobierno y Consell se desperezan ahora es porque ha habido entidades y particulares que se han ocupado de insistir y hacer ver que se estaba acabando el plazo para salvar las murallas. En este caso ha sido la sociedad la que ha actuado de conciencia de la Administración. Ocurre muchas veces.
