Desde el año 2020, el Ibavi incluye en los pliegos de licitación de las obras una cláusula social que recoge el compromiso de las empresas constructoras de destinar un porcentaje del importe de adjudicación del contrato a financiar proyectos de interés social relacionados con la emergencia de vivienda en Balears. Hasta la fecha, este cláusula se ha incluido en catorce contratos del Ibavi y las aportaciones de las empresas suman 1,6 millones de euros que se han destinado a diferentes proyectos que benefician actualmente a seis entidades y dos instituciones: Càritas Mallorca, Mater Misericordiae, Càritas Menorca, Fundació Es Garrover, Creu Roja Maó, Provivienda, Consell de Menorca y ayuntamiento de Lloseta.

En este sentido, la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, se han reunido este miércoles en el espacio Es Garrover de Inca con representantes de algunas de las constructoras que han suscrito las cláusulas sociales que incluye el Ibavi en sus licitaciones, así como con miembros de las entidades sociales beneficiarias. También ha asistido el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, entre otras autoridades.

Durante el acto se ha explicado que gracias a esta cláusula «las constructoras se comprometen a destinar un porcentaje del presupuesto adjudicado a iniciativas como, por ejemplo, ayudas económicas a familias en situación de emergencia social para evitar que pierdan la vivienda o a la construcción de una vivienda tutelada para diez personas con diagnóstico de salud mental», como es el caso que ha beneficiado a la Fundació Es Garrover.

Armengol defiende que esta cláusula «es una nueva fórmula de hacer política» para «estimular la responsabilidad social de las empresas». La presidenta ha añadido que «ahora mismo, en las contrataciones del Ibavi ya es más importante el proyecto social de la empresa que la oferta económica». De hecho, el compromiso que suscribe la constructora puede representar hasta quince puntos de un total de cien en el baremo de puntuación a partir del cual se decide una adjudicación. El porcentaje que deben destinar a los proyectos sociales oscila entre el 1 y el 10% del coste de la adjudicación. La media actual es del 4,2%.

Sin embargo, Armengol ha precisado que «todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar el derecho a la vivienda» y ha reivindicado una vez más la necesidad de que el Estado «dé las herramientas a las comunidades autónomas para establecer un tope al alquiler que permita bajar el precio».

«Somos muy conscientes de las enormes necesidades de vivienda que tenemos en nuestra comunidad», ha añadido el conseller Josep Marí, para quien «el Ibavi se ha convertido estas dos últimas legislaturas en una pieza clave para ir construyendo un parque de vivienda pública de alquiler al alcance de la gente que más lo necesita, siempre priorizando su función social, ya sea destinando vivienda a los jóvenes, limitando a un 30 % de los ingresos el alquiler que se tiene que pagar, ofreciendo espacios de convivencia… Una vocación que nos ha llevado a incluir cláusulas sociales líderes en el conjunto del Estado en las licitaciones de viviendas de protección pública que impulsamos y que, gracias a la implicación de las empresas constructoras, se traducen en recursos económicos para proyectos de emergencia de vivienda destinados a los colectivos más vulnerables».

Actualmente hay ocho empresas constructoras que han subscrito esta cláusula a través de la construcción de diferentes promociones del Ibavi tanto en Mallorca como en Menorca: Construcciones Alea, SL, con promociones en Palma y Vilafranca; la UTE Viviendas Leon XIII, formada por Melchor Mascaró y Construcciones Embat, con una promoción de 11 HPP en Manacor; Copisa, con una promoción de 42 HPP en Son Servera; Obras y Construcciones Tomeu Rosselló, a través de la promoción de 23 HPP en Santanyí y 6 HPP en Santa Eugènia; Antonio Gomila, SA, con tres promociones en Maó y una en es Migjorn; Obras y Promociones Comas, SA, con dos promociones en Palma y una tercera en Inca; y SL, con una promoción de 40 HPP de dotación en Maó.