A pesar de las bondades que ayer se lanzaron sobre la nueva planta de hidrógeno de Lloseta, no todo es de color de rosa. La plataforma Reviure Tofla, integrada por diversas entidades ecologistas como el GOB y Terraferida, presentó hace unos meses alegaciones al proyecto y al estudio de impacto ambiental de la nueva instalación en las que argumentan que la infraestructura «no es necesaria ni responde a los objetivos de transición energética» y que, por contra, «supondrá un aumento del consumo energético y de emisiones de CO2 a la atmósfera».
Esta entidad sostiene que la planta «consumirá más energía de la que producirá y será poco eficiente», pudiendo alcanzar el «setenta por ciento de pérdidas», por lo que califican el proyecto de «campaña de marketing». Asimismo, cree que «agravará la situación de contaminación por CO2» y «continuará con el sistema de premiar con dinero público al oligopolio de las grandes empresas eléctricas para que mejoren su negocio y el control del sistema energético».
Por otra parte, también argumentan que la planta consumirá una gran cantidad de agua y «ha conseguido el visto bueno medioambiental sin tener autorización por ningún pozo». En este sentido, Joan Groizard, director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), aseveró ayer en declaraciones a IB3 que la planta consumirá el mismo volumen de agua que «entre 60 y 80 familias de Balears». «Cualquier campo de golf consume mucha más», aseguró.
