Duro correctivo judicial a la política territorial del Govern balear. La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) ha condenado al Ejecutivo de Francina Armengol a pagar una indemnización de más de 63,5 millones de euros por incumplir un acuerdo transaccional con la empresa Birdie Son Vida, propiedad del magnate Matthias Kühn, en el que en 2013 reconocía la calificación de suelo urbano de los terrenos de la urbanización de Muleta II situada en el Port de Sóller.
Los hechos que han dado pie a la sentencia se remontan al año 2008, cuando el ejecutivo autonómico, por entonces formado por un pacto de izquierdas encabezado por Francesc Antich, aprobó una moratoria urbanística en la que se incluyeron los terrenos de la urbanización de Muleta. Estos terrenos fueron adquiridos por la empresa de Kühn unos años antes. Ocupa una extensión de cerca de 133.000 metros cuadrados en los que el planeamiento urbanístico permitía la construcción de hasta 33 viviendas unifamiliares.
La desclasificación de Muleta dio pie a un litigio judicial que acabó en un acuerdo ante el juez entre los representantes de Matthias Kühn y el Govern balear, por entonces ya bajo las directrices del PP de José Ramón Bauzá. El acuerdo le permitía al Govern librarse de una demanda de cien millones de euros que había planteado el promotor urbanístico a cambio de que la administración autonómica revirtiera la desclasificación urbanística de Muleta. El Govern aceptó la propuesta que quedó recogida en un acuerdo transaccional. Pero el acuerdo por el que el Govern reconocía que los terrenos de Kühn pasaban a ser nuevamente urbanizables no tuvo en cuenta al ayuntamiento de Sóller, que descartó modificar su planeamiento urbanístico y dar luz verde al proyecto de urbanización. Por esta razón, Birdie Son Vida acudió nuevamente a los tribunales para exigir el cumplimiento de lo pactado con el Govern y fijó la indemnización en 65 millones de euros en caso de que no se llevara a cabo el acuerdo transaccional. Finalmente este acuerdo quedó en papel mojado porque a la práctica Muleta sigue siendo terreno rústico protegido sin posibilidad de desarrollo urbanístico.
La sentencia ahora dictada por el TSJB viene a dar la razón a la empresa promotora no solo por incumplir el acuerdo, sino también por haber ratificado la desclasificación mediante un decreto-ley del año 2016 y posteriormente por la Ley de Urbanismo de las Illes Balears que entró en vigor el año siguiente. A pesar de todo ello, el Govern defendió en el procedimiento que ahora se ha liquidado con la sentencia de que «debe considerarse plenamente ejecutado» el acuerdo con la empresa de Kühn, una sociedad que hace unos años entró en administración concursal.
La sentencia que se conoció ayer se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
