Por lo menos un sector considerable del mundo de la caza y de la payesía anda bastante revuelto. Consideran que algunas especies de aves, particularmente el milano, se han reproducido con rapidez y de manera excesiva hasta el punto de causar estragos en los animales de corral. Asociado a ello, entiende que las normativas en boga son demasiado restrictivas, llegando a entorpecer las labores agrícolas. Tal como están las cosas, seguro que la decisión que acaba de adoptar el Tribunal Superior no hará más que abonar la controversia suscitada. Será así porque es una resolución que, en la práctica, tiene visión retroactiva. Desde que se recopiló el catálogo de 2016 y el Govern aprobó la expansión de zonas de protección de aves en 2019, el panorama cinegético, avícola y rural ha evolucionado, en su conjunto, hacia la complejidad. De ahí la incomodidad creciente en los sectores afectados. Nadie discute la necesidad de proteger especies singulares y autóctonas. La cuestión crucial radica en la forma y dimensión en que debe hacerse y si la regulación debe ser estática primero y creciente después. Seguramente no, porque la población de aves va evolucionando con un número de individuos al alza gracias, todo hay que decirlo, a las medidas de protección establecidas. Fruto de ello, la realidad es ahora diferente. El equilibrio en cuestión es muy difícil de sostener y debe basarse, por necesidad, en la contemplación de todas las realidades afectadas. Pide revisión constante. En el momento en que llega la resolución del TSJB las sensibilidades están a flor de piel, mucho más que cuando Asaja y algunos ayuntamientos se movilizaron contra la expansión de ZEPA. Ecologismo, administración y los sectores agrícolas y ganaderos necesitan reencontrarse en pro de la estabilidad de todos.
