En una sentencia dictada el pasado 15 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) estima el recurso contencioso administrativo presentado por el ayuntamiento de Muro contra el acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Santa Margalida en un pleno celebrado en noviembre de 2017 mediante el que resolvió de forma unilateral el convenio de diciembre de 2005 firmado entre el Consistorio ‘margalidà’ y la entidad IBASAN (actual Abaqua) para la construcción de una depuradora en Can Picafort. De esta forma, la decisión judicial otorga validez al convenio que había sido anulado por Santa Margalida por el rechazo frontal de su actual alcalde Joan Monjo a construir una nueva estación de saneamiento en Can Picafort con emisario submarino incluido.
El convenio que había sido anulado se basaba en acuerdos anteriores entre el Govern y los ayuntamientos de Muro y Santa Margalida sobre la necesidad de construir una nueva depuradora en este último municipio debido a que la infraestructura de la Playa de Muro resultó insuficiente para tratar las aguas de ambos municipios. El acuerdo entre el IBASAN y Santa Margalida sentaba las bases para la construcción de una nueva depuradora con cargo a los fondos del Govern, aunque la actuación fue declarada en 2009 de interés general, por lo que pasó a ser competencia del Estado.
Durante la tramitación del proyecto, Santa Margalida planteó la posible resolución del convenio de 2005 en una comisión de seguimiento a la que no asistió Abaqua, contraria a la resolución del convenio que finalmente el pleno municipal aprobó en noviembre de 2017. El ayuntamiento de Muro impugnó este acuerdo con el argumento de que le afectaba directamente porque mientras no se construía la nueva depuradora de Can Picafort las aguas residuales de este núcleo se depuraban en la estación de la Playa de Muro, completamente saturada.
No obstante, el TSJB considera que no hay «dudas» sobre el «carácter vinculante» del convenio anulado por Santa Margalida, que tenía una vigencia de 30 años y cuyo plazo «todavía no ha vencido». A pesar de que Abaqua no impugnó la resolución unilateral del convenio que firmó con Santa Margalida en 2005, el TSJB entiende que este organismo público «implícitamente no ha aceptado la extinción del convenio» porque «las partes del mismo han continuado con las reuniones de la comisión de seguimiento de dicho convenio con posterioridad a su supuesta extinción».
Santa Margalida había propuesto estudiar como solución alternativa la ampliación de la depuradora ya existente en la Playa de Muro, una solución que rechazan tanto Abaqua como Muro.
Además, el Consistorio ‘margalidà’ había justificado la resolución del convenio en una serie de incumplimientos por parte de Abaqua que, según el TSJB, en ningún caso «alteran o imposibilitan la finalidad de interés común» plasmada en el convenio de 2005 «centrada en la constatación de que la insuficiente capacidad de la depuradora de Muro para atender a las nuevas demandas derivadas del crecimiento poblacional se debía solucionar con la construcción de una nueva EDAR en Santa Margalida».
