Desde hace varios días, un grupo de trabajadoras de los Servicios Sociales organizan un acto de protesta frente al ayuntamiento de Binissalem exigiendo la colaboración del Consistorio para hacer frente a la complicada situación laboral que actualmente están viviendo.

La incertidumbre sigue reinando entre las profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Binissalem, así como también de algunos trabajadores de otras áreas municipales. Los procesos selectivos que hay en curso, los cuales tienen su inicio en una ley estatal y apuntan a convocatoria de oposiciones hacia finales de año, podrían suponer la pérdida del puesto de trabajo para muchas de estas profesionales, un gran número de las cuales acumulan hasta dieciséis años de labor en el pueblo en su departamento y ya superan los cincuenta de años de edad.

Según explican Carme Garcia y Francisca Monserrat, técnicas de los Servicios Sociales, ambas con trece años de trayectoria laboral en el pueblo, el Ayuntamiento se ve obligado a convocar oposiciones porque, según la mencionada ley, existe un exceso de trabajadores o trabajadoras, con carácter de interino, en la administración municipal. De hecho, lo mismo sucede en un gran número de ayuntamientos de las Islas.

Se convocarán 18 plazas

Dicha convocatoria contempla 18 plazas, de las cuales 15 son para puestos de trabajo de los Servicios Sociales, los cuales, actualmente, todos son ocupados por mujeres. Las técnicas destacan que más de la mitad de estas mujeres son mayores de 50 años. Una edad, aseguran, que supone un inconveniente más a la hora de encarar unas oposiciones, ya que "no es lo mismo presentarse cuando tienes 25 años que cuando eres mayor de 50". Y a todo eso hay que sumar el hecho de que no se hayan convocado oposiciones desde hace años, cuando, por normativa, deberían convocarse cada dos años, declaran. Cabe decir que la crisis económica de 2008 a 2014 dificultó estas convocatorias.

Sin embargo, ambas técnicas resaltan que, a nivel estatal, el decreto-ley de julio de 2021 apunta que todas estas plazas deben estabilizarse, y así como hay aspectos que se han ido mejorando, todavía no hay nada en claro de forma definitiva. Por tanto, afirman, mientras no se dé este posicionamiento legal claro entre el estado español y el parlamento europeo, donde también está el debate abierto sobre esta cuestión, creen que el Ayuntamiento de Binissalem debería dar un paso adelante y paralizar estos procesos selectivos. Además, recuerdan, desde Europa se dictamina que, a los tres años, todos los trabajadores deberían pasar a ser fijos.

La intervención del Ayuntamiento

Cabe recordar que en el plenario del lunes 13 de septiembre, la propuesta presentada por los partidos de la oposición (PP, MÉS y PSOE) de paralizar estos procesos selectivos fue retirada debido a que un informe de secretaría indica que el Ayuntamiento no tiene potestad para llevar a cabo dicha paralización.

Sin embargo, las técnicas opinan que el Ayuntamiento sí debería haber aprobado aquella propuesta y que sea un juez quien, finalmente, diga si la propuesta es válida o no, y no un informe de secretaría.

Lo que no creen que convenga a los intereses del Ayuntamiento, dicen, es que, al cabo de unos meses, cuando se hayan celebrado las oposiciones y adjudicado las plazas a otras personas, después la justicia se posicione a su favor y les dé la razón, debiendo hacer fijas, sí o sí, a todas las trabajadoras que ya llevaban más de tres años de trabajo en el pueblo, lo que podría suponer un incremento de gasto en personal más que considerable para las arcas municipales.

Como también lo supondrá, dicen, si el Consistorio, finalmente, opta por despedir a las trabajadoras con más de tres años de antigüedad. En este caso, calculan que debería hacer frente al pago de indemnizaciones que podrían rondar los 200.000 euros.

Por otra parte, apuntan, ya se han dado casos como el del Ayuntamiento de Valencia en el que la justicia le ha otorgado el derecho a paralizar los procesos selectivos; o el de Getafe, donde una sentencia judicial obligó al ayuntamiento a poner fijos a 21 maestros interinos. Con todos estos datos sobre la mesa, desde los Servicios Sociales piden que se estabilicen personas y no plazas. De sacar adelante el proceso selectivo por oposición, esto podría suponer, dicen, que unas 800.000 personas, en España, quedaran sin trabajo.

“Hace año y medio, en plena pandemia y auge de contagios por Coronavirus, las trabajadoras familiares estábamos en la calle"

A modo de mensaje de concienciación, recuerdan: “Hace año y medio, en plena pandemia y auge de contagios por Coronavirus, las trabajadoras familiares estábamos en la calle ayudando a un gran número de usuarios y poniendo en riesgo nuestra salud. En esos momentos nadie nos pedía oposiciones. Ahora sí”.

Se ha creado vínculo social

Las técnicas aseguran que durante estos últimos dieciséis años se ha logrado crear un equipo de trabajo que ha sido capaz de llevar a cabo una gran labor y llegar a mucha gente necesitada. "¿Y ahora nos toca demostrarlo?", se preguntan. Además, añaden, un aspecto muy importante es que entre todo el personal de este equipo de trabajo y el pueblo se ha creado un vínculo social, un aspecto clave para resolver problemáticas y mejorar el bienestar de muchas personas.

¿Qué dice el alcalde?

Desde el equipo de gobierno, el alcalde, Víctor Martí argumentó ser muy consciente de la difícil situación que viven todas estas trabajadoras, recordando que estos procesos selectivos y la convocatoria de oposiciones son iniciativa del gobierno central, sobre las cuales ya se ha informado a los ayuntamientos de que hacia finales de año deben tener avanzado el protocolo de convocatoria de estos exámenes. Martí afirma que es una lástima que organismos supramunicipales obliguen al Ayuntamiento a realizar ahora estas convocatorias.