Agricultura da vía libre a los parques solares en terrenos rústicos inferiores a cuatro hectáreas

Todos los terrenos calificados como rústicos con superficies inferiores a las cuatro hectáreas serán susceptibles de albergar parques fotovoltaicos, según el criterio de la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una instrucción emitida el pasado 5 de octubre por el director general de Agricultura, Fernando Fernández, modifica los criterios de emisión de informes para la instalación de parques fotovoltaicos en terrenos rústicos de Balears en el sentido en que el citado departamento público dejará de informar si la parcela para la que se solicita el dictamen tiene menos de cuatro hectáreas de extensión.

De esta forma, Agricultura no informará ni a favor ni en contra de las instalaciones fotovoltaicas proyectadas en terrenos con superficies inferiores a las cuatro hectáreas, que de esta forma tendrán el visto bueno automático de la Conselleria y solo deberán superar el escollo de la comisión balear de Medio Ambiente antes de su autorización definitiva.

La instrucción de la dirección general de Agricultura determina que en el caso de que cualquier órgano de la Administración que tenga alguna competencia en la materia solicite un informe a la citada dirección general referido a una instalación inferior a las cuatro hectáreas, «el servicio responsable contestará indicando que no tiene competencia». La instrucción pretende dotar al personal del servicio de Agricultura de «un marco de pautas y criterios para la emisión de los informes en relación a los proyectos de instalaciones de parques fotovoltaicos en suelo rústico».

Cuando el dictamen solicitado se refiera a un terreno superior a las cuatro hectáreas, la instrucción del director general establece que «todos los informes irán precedidos de una visita de campo» e incluye diversos requisitos como una memoria elaborada por un técnico competente que evalúe los terrenos con las categorías agronómicas que dividen el suelo en seis niveles en función de su valor agrario, fruto de un estudio encargado por Agricultura a la UIB durante el pasado año 2020.

Informes favorables

La instrucción también determina que en los casos de terrenos superiores a las cuatro hectáreas los informes de Agricultura serán favorables cuando los proyectos de energías renovables se ubiquen en recintos o parcelas urbanas de uso agrario o estén calificadas como nivel 6 en la citada clasificación, relativo a aquellos terrenos de bajo valor agrícola que presentan un «aprovechamiento agrario limitado». Por contra, los informes serán desfavorables si las parcelas son de regadío o hayan recibido ayudas públicas durante los últimos cinco años, entre otros requisitos que indiquen que los terrenos tienen valor agrícola alto.

El documento contempla excepciones para que Agricultura emita informes favorables si los proyectos van acompañados de la presentación de medidas complementarias con la actividad agrícola o ganadera en determinados casos. Las medidas complementarias que aceptará la Conselleria para emitir informes favorables se refieren a proyectos en los que la tecnología usada sea «compatible» con la generación de energía o bien que la ocupación del suelo rústico para la instalación de placas se compense con un terreno de la misma extensión para destinar a la producción agrícola.

Ses Veles de Inca

La instrucción de la dirección general de Agricultura llega poco después de que este mismo departamento informara en contra del parque fotovoltaico proyectado en la finca de Ses Veles de Inca porque afectaba a una explotación agrícola productiva, un dictamen que resultó determinante para que la comisión balear de Medio Ambiente informara de forma desfavorable al proyecto.

El proyecto de Ses Veles ocuparía una extensión de 36.090 metros cuadrados (3,6 hectáreas, aproximadamente), por lo que ya pasaría el filtro de Agricultura, independientemente de la capacidad productiva de la finca, si se aplica la orden emitida por la dirección general, que ahora podría abstenerse de emitir un informe al respecto. Esta situación dejaría la ‘patata caliente’ en manos de Medio Ambiente, que ahora ya no podría apoyarse en un informe desfavorable de Agricultura para desestimar el proyecto.

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